La Comunidad exige a Bolaños financiación para la nueva ley de Justicia que costará 40 millones a la región
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha enviado una carta al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en la que exige explicaciones sobre la financiación de la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta norma, que atribuye nuevas competencias a las comunidades autónomas, supondrá un coste estimado de más de 40 millones de euros para Madrid.
García Martín ha criticado que la ley se haya aprobado sin consultar a las comunidades autónomas y sin incluir una memoria económica que garantice su financiación. "Se ha hecho sin contar con las comunidades autónomas, cambia de arriba a abajo su estructura y su organización y solo a la Comunidad de Madrid le va a suponer un coste de más de 40 millones de euros", ha denunciado el consejero en declaraciones a los medios.
Madrid reclama los recursos necesarios para implantar la reforma judicial
El consejero ha puesto el foco en la falta de dotación presupuestaria para la implantación de las oficinas judiciales vinculadas a los nuevos tribunales de instancia, cuya gestión recaerá en las comunidades autónomas. En su carta, ha subrayado que las regiones tienen la "responsabilidad última" de aplicar la ley, pero el Gobierno central no ha previsto un mecanismo claro de financiación.
Por ello, ha solicitado al Ministro Bolaños que explique qué instrumentos de financiación pondrá en marcha el Ejecutivo para sufragar los costes derivados de la reforma. García Martín trasladará esta misma petición en la próxima conferencia sectorial, donde exigirá que se dote de más y mejores medios a la Administración de Justicia.
Lealtad institucional, pero con financiación adecuada
En su misiva, el consejero madrileño ha insistido en la necesidad de colaboración entre administraciones para facilitar la labor de jueces y magistrados, pero ha advertido que esta cooperación debe ir acompañada de los recursos económicos necesarios. "Mostramos nuestra voluntad de lealtad institucional y colaboración, pero exigimos una financiación justa que cubra los costes de ejecución de la ley en nuestros territorios", ha concluido.
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