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Pozuelo ordena el cierre temporal del centro de refugiados por carecer de licencia de uso residencial
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha notificado el cese temporal de la actividad del centro de refugiados situado en el municipio tras comprobar que el edificio no cuenta con licencia para uso residencial, sino únicamente para actividades docentes. Esta decisión llega en un contexto marcado por la intención del Gobierno central de trasladar al centro a migrantes africanos procedentes de Canarias, incluidos menores solicitantes de asilo, lo que ha llevado al Consistorio a acusar al Ejecutivo de "negligencia institucional".
La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, ha señalado que la decisión se ha adoptado por motivos estrictamente legales. "Lo hacemos simplemente porque el centro carece de licencia para operar como lo está haciendo, de la misma manera que haríamos con cualquier otro establecimiento que supiéramos que incumple la normativa, porque lo que pretende el Gobierno de España es una ilegalidad y una temeridad", ha afirmado en declaraciones remitidas a los medios.
Tejero ha denunciado que el centro ha sido transformado "de la noche a la mañana" en una residencia para más de 500 personas "sin ningún tipo de autorización" y al margen de la normativa vigente. "Es una irresponsabilidad alojar a personas en un centro sin licencia, sin control y sin garantías", ha subrayado, advirtiendo de las posibles consecuencias legales y humanas de esta situación.
La resolución del cierre se produce tras una inspección municipal realizada al conocer la intención del Gobierno de alojar allí de forma permanente a 400 menores migrantes. Desde el Consistorio recuerdan que en repetidas ocasiones se han opuesto al uso de este centro como residencia permanente, subrayando que su licencia actual no permite tal utilización.
Una vez notificada la orden de cierre temporal, el centro dispone de un plazo de quince días para presentar alegaciones. Mientras tanto, deberá cesar su actividad y el Gobierno deberá buscar una alternativa para reubicar a los residentes actuales. Según fuentes municipales, lo prioritario para el Ayuntamiento es garantizar que los espacios donde se alojen estas personas cuenten con las condiciones adecuadas de seguridad y bienestar, dentro del cumplimiento estricto de la legalidad.
Reacción del delegado del Gobierno en Madrid
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha arremetido este jueves contra la decisión del Ayuntamiento de Pozuelo, calificándola de "ejercicio de racismo preventivo" y acusando al Consistorio de actuar de forma irresponsable justo cuando el Ejecutivo central se disponía a iniciar el reparto de migrantes entre las distintas comunidades autónomas, una medida a la que desde la localidad madrileña se habían opuesto públicamente.
En declaraciones a RNE, Martín ha subrayado que aún no se conocen las cifras oficiales de reparto y ha lamentado la actitud de administraciones gobernadas por el Partido Popular, como la Comunidad de Madrid o el propio Ayuntamiento de Pozuelo, a las que ha acusado de abordar este asunto con una evidente falta de seriedad.
El delegado ha afirmado que el Ministerio de Inclusión no había recibido hasta el momento ninguna comunicación formal por parte del Consistorio, y ha criticado que el Partido Popular actúe más pendiente "de los titulares" y de "seguir la agenda de los ultras" que de ofrecer soluciones.
Martín ha recordado que el mismo centro abrió sus puertas “de par en par” en 2022 para acoger a refugiados ucranianos sin que entonces se cuestionase su uso, y ha contrastado esa actuación con la “reacción francamente irresponsable” del PP ante la previsión de llegada de migrantes africanos.
Ha señalado además que desde el mes de julio, el Ayuntamiento ya había manifestado públicamente su rechazo a la llegada de menores procedentes de Canarias, y que desde entonces se han realizado solo dos visitas al centro y dos actas de inspección urbanística, lo que considera una muestra de una estrategia basada en la confrontación política más que en criterios técnicos o humanitarios.
Preguntado por la capacidad del Gobierno para revertir el cierre, Martín ha asegurado que la decisión será analizada formalmente cuando llegue, y ha recordado que otros cuatro centros similares al de Pozuelo funcionan con total normalidad en distintos puntos del país. “Tenemos otros recursos activados para responder a una emergencia humanitaria. Deberíamos estar centrados en dar soluciones, no en generar más problemas”, ha concluido, destacando que a España le corresponde responder con responsabilidad por su condición de frontera sur de Europa.
