La Guardia Civil investiga 81 casos de construcciones ilegales en la región

La Guardia Civil, en el marco de la 'Operación Cimientos 24', ha llevado a cabo un operativo en los últimos meses para combatir la proliferación de edificaciones ilegales en la Comunidad de Madrid.

Las actuaciones se han centrado en los municipios de Fuente el Saz del Jarama, Algete, Mejorada del Campo y Chinchón.

La Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA) de la Guardia Civil se encarga de asegurar el cumplimiento de las normativas medioambientales y de investigar delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo. Estas acciones buscan proteger el medio ambiente y prevenir infracciones en terrenos no urbanizables.

En respuesta al aumento de construcciones ilegales, la UPRONA, en colaboración con la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, técnicos municipales y policías locales, ha realizado 90 inspecciones en las localidades mencionadas. Estas inspecciones se desarrollaron en dos fases, entre junio y noviembre.

A raíz de dichas inspecciones, se ha investigado a 81 personas por construir ilegalmente en terrenos no urbanizables y de protección. Además, se investiga a dos personas por usurpación de agua y defraudación de fluidos y electricidad, y a una más por desobedecer a la Autoridad al violar el precinto y paralización de obras en Mejorada del Campo.

Asimismo, se han emitido 80 informes-denuncias a los Ayuntamientos correspondientes para que confirmen las medidas de denuncia y paralización de las obras detectadas ilegalmente. Estos informes también buscan iniciar procedimientos para restaurar la legalidad urbanística, que podrían incluir la demolición de las construcciones si fuera necesario.

Estos operativos buscan proteger la ordenación del territorio y el urbanismo, aspectos que impactan significativamente en el medio ambiente y en las especies que lo habitan. La finalidad es asegurar un uso sostenible de los espacios y proteger los recursos naturales en la Comunidad de Madrid.

Las urbanizaciones ilegales carecen de infraestructuras adecuadas, como viales, pavimentación, iluminación y suministro de agua potable. Esta falta de servicios básicos incrementa el riesgo para las viviendas y sus habitantes en caso de incendios o inundaciones, al estar situadas en zonas no urbanizables e incluso inundables.

En situaciones de emergencia, la ausencia de infraestructuras dificulta el acceso de los servicios de emergencia y la evacuación o extinción de incendios forestales. Por ello, combatir estos asentamientos ilegales no solo protege el medio ambiente, sino que también busca eliminar riesgos para la seguridad de sus ocupantes.