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García Martín exige al Gobierno central el pago de 250 millones para transporte público y critica la “inacción” de Óscar Puente
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha reclamado este jueves al ministro de Transportes, Óscar Puente, el abono inmediato de los 250 millones de euros que, según denuncia el Ejecutivo regional, el Estado aún no ha transferido a Madrid para financiar el transporte público. Lo ha hecho en un tono irónico y crítico, en plena sesión del Pleno de la Asamblea de Madrid, utilizando referencias al caso Koldo y el argot asociado al escándalo.
“Para que los dirigentes del PSOE lo entiendan mejor: lo que nos deben equivale a 500.000 chistorras, 1.250.000 soles y más de 2 millones y medio de lechugas”, ha afirmado el consejero, en alusión al lenguaje cifrado que se habría empleado en la trama de corrupción vinculada al Ministerio de Transportes durante la pandemia. “Así que, señor Puente, afloje la chistorra, porque el transporte público no se paga solo”, ha añadido con ironía.
García Martín ha aprovechado su intervención para defender el modelo de transporte público madrileño y cargar contra la gestión de la red de Cercanías, competencia estatal. “El Metro de Madrid es elegido cada día por miles de ciudadanos como el transporte ideal. No ocurre lo mismo con Cercanías, que no es que no vaya lleno, es que directamente no va”, ha denunciado, subrayando la “incompetencia” del Ministerio de Transportes por no haber resuelto los problemas de puntualidad y frecuencia en esta red ferroviaria.
El consejero ha insistido en que la Comunidad de Madrid “trabaja cada día para que no haya ni una sola incidencia en el suburbano” y ha recalcado que la región “es la que más oferta de transporte público pone al servicio de los ciudadanos, y con las tarifas más económicas de Europa”.
En su intervención, García Martín ha detallado el reparto de la financiación del sistema, recordando que el Estado apenas cubre el 6% del coste total, mientras que el 94% restante es asumido por la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos. “Es insostenible mantener este desequilibrio, y exigimos al Gobierno central que cumpla con su parte”, ha remarcado, incidiendo en la necesidad de corregir una situación que, en palabras del Ejecutivo autonómico, lastra la sostenibilidad del sistema y genera tensiones presupuestarias injustificadas.
