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El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha imputado un nuevo delito a la esposa del Presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Según consta en un auto dictado este lunes, el juez Peinado la cita a declarar el próximo 11 de septiembre, a las 10:30 horas, por presunta malversación de caudales públicos en la contratación de Cristina Álvarez como asesora en el Palacio de La Moncloa.
Hasta ahora, Gómez estaba siendo investigada por supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. Sin embargo, el instructor ha considerado oportuno ampliar los cargos, incluyendo el de malversación por la presunta desviación de recursos públicos a través del nombramiento de Álvarez, en un cargo de confianza que, según los indicios, habría servido a fines privados.
El juez fundamenta la imputación en un pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Madrid, que cuestiona la legalidad de dicho nombramiento y sugiere que se habría producido para reforzar actividades privadas vinculadas a Gómez bajo el amparo de la Presidencia del Gobierno.
En el mismo auto, Peinado convoca a declarar como investigada a la asesora Cristina Álvarez. Su comparecencia está prevista para el 10 de septiembre, a las 11:00 horas. La decisión responde a la anulación, el pasado mes de junio, de su testimonio como testigo por parte de la Audiencia Provincial, que solo consideró válidas sus manifestaciones en calidad de investigada.
La Fiscalía considera que existen indicios de tráfico de influencias contra Álvarez, lo que justifica la reapertura de su interrogatorio y su citación formal como imputada. El juez Peinado ha señalado que debe concretarse su posible responsabilidad en la causa, tal y como sugirió la Audiencia Provincial en su reciente resolución.
El texto judicial destaca que "la amistad personal previa" entre Gómez y Álvarez habría motivado el nombramiento de esta última en un puesto de confianza, el cual, según los magistrados, pudo ser utilizado para potenciar actividades privadas vinculadas a la esposa del presidente del Gobierno.
La inclusión del delito de malversación en la investigación representa un cambio de criterio respecto al mes de mayo, cuando el magistrado descartó imputar a Gómez y Álvarez por dicha figura penal. Entonces, el juez solo imputó al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por los hechos relacionados con la contratación de la asesora.
En otro apartado del auto dictado este lunes, Peinado indica que aún no ha recibido notificación oficial del Tribunal Supremo sobre el archivo de la exposición razonada en la que solicitaba investigar al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también por el caso de Álvarez.
"No se tiene conocimiento todavía en la sede de este juzgado, al no haberse recibido copia del mismo", ha afirmado el magistrado, haciendo alusión al auto del Supremo fechado el pasado 15 de julio. Por tanto, mantiene vigente la línea de investigación sobre el papel del ministro en el nombramiento objeto del procedimiento.