La Comunidad de Madrid refuerza sus inspecciones urbanísticas con drones y medidores láseres

La Comunidad de Madrid ha introducido dos drones equipados con cámaras y cinco medidores láser en sus inspecciones urbanísticas, lo que permite agilizar los procesos y obtener datos más precisos, especialmente en zonas de difícil acceso. Esta tecnología avanzada, que opera desde una altura de entre 15 y 20 metros, se ha convertido en una herramienta clave para la ordenación del territorio y la protección de suelos con regímenes especiales.

Desde el Ejecutivo regional destacan que garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística no solo asegura una adecuada planificación territorial, sino que también protege áreas con valores paisajísticos, ambientales, agrícolas, forestales o de riesgos naturales, incompatibles con su transformación.

El propósito principal de estas actuaciones es recuperar el uso original de los terrenos ocupados por edificaciones ilegales, destinados en muchos casos a actividades agrícolas o ganaderas. Asimismo, se busca salvaguardar los espacios naturales protegidos y garantizar la integridad del suelo no urbanizable, en línea con los objetivos establecidos en el Plan de Inspección y Disciplina Urbanística de la Comunidad de Madrid.

El despliegue de estos nuevos equipos incluye el cumplimiento de normativas específicas para operar en entornos sensibles, como espacios que requieren permisos ambientales o de coordinación con aeródromos. Para ello, las autorizaciones correspondientes se solicitan previamente a la Agencia Estatal de Navegación Aérea (Aena).

Desde julio de 2023, la Dirección General de Urbanismo, a través de la Subdirección General de Inspección y Disciplina Urbanística, ha llevado a cabo 201 inspecciones y 334 diligencias previas. Además, los ayuntamientos han recibido 363 nuevas incidencias identificadas mediante fotografía aérea y se han atendido 96 requerimientos de información solicitados por organismos judiciales y de seguridad, como el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Por su carácter subsidiario, la Comunidad de Madrid interviene únicamente cuando los municipios competentes no actúan. En esta legislatura, se han tramitado 101 expedientes, incluyendo 67 sanciones por un importe total de 334.693 euros. Asimismo, se han emitido 45 órdenes de demolición y 29 órdenes de ejecución subsidiaria, además de gestionar 18 autorizaciones judiciales para acceder a propiedades privadas.