Los grafiteros deberán eliminar sus propias pintadas para evitar sanciones económicas en Madrid

l Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una modificación del protocolo de prestación ambiental sustitutoria que obliga a los grafiteros sancionados por realizar pintadas en la vía pública a limpiarlas, como alternativa al pago de la multa. La medida, en vigor desde el 4 de diciembre tras ser publicada en el Boletín Oficial del Ayuntamiento, sustituye la limpieza genérica de espacios públicos por una actividad directamente vinculada a la eliminación de grafitis.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, explicó que el cambio busca reforzar la lucha contra los grafitis en la ciudad. "En vez de pagar la multa, los infractores procederán a limpiar las pintadas", afirmó, destacando que desde septiembre de 2022 ya se han limpiado más de 2,4 millones de metros cuadrados de superficie afectados por grafitis.

La actividad sustitutoria consistirá en aplicar pintura sobre los grafitis en superficies no porosas, como ladrillos o muros pintados, protegiendo previamente las áreas circundantes. Los participantes recibirán equipos de protección individual (EPI) que incluyen guantes anticorte, botas reforzadas, chalecos reflectantes serigrafiados con "Limpio Madrid" y, en caso de lluvia, ropa impermeable.

En lo que va de 2024, se han tramitado 361 expedientes sancionadores por grafitis en la vía pública, según el artículo 20 de la Ley 3/2007. Desde 2016, 6.000 personas han solicitado realizar prestaciones de limpieza para evitar sanciones económicas, como recoge el artículo 99 de la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos, Gestión de Residuos y Economía Circular.

Además, el Servicio Público de Limpieza Urgente (SELUR), activo desde 2022, ha intensificado las labores de limpieza con equipos especializados. Estas patrullas antigrafitis han prestado 146.108 servicios, limpiando más de 2,4 millones de metros cuadrados en toda la ciudad.

El Ayuntamiento también ha fortalecido las medidas de vigilancia mediante la creación de la Sección de Protección del Patrimonio Urbano de la Policía Municipal, integrada por 39 agentes. Durante el último año, esta unidad ha registrado 264 expedientes, 384 denuncias y casi 700 identificaciones, además de remitir 117 atestados a la Fiscalía de Medio Ambiente por daños a edificios protegidos o de interés cultural.

El Consistorio ha subrayado que esta modificación del protocolo refuerza su compromiso con el mantenimiento del espacio público y la lucha contra los grafitis, garantizando que las sanciones sean más efectivas y disuasorias.