Judith Piquet defiende su inocencia en el caso de la filtración de documentos policiales
La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, declaró este lunes ante el juez que "nunca" tuvo acceso al documento policial que la Fiscalía y el PSOE le acusan de haber filtrado.
Durante su comparecencia, aseguró que la custodia del documento no era su responsabilidad en ningún momento, señalando a los cuerpos de seguridad implicados en el manejo de estos informes.
Tanto Piquet como el jefe de prensa del Ayuntamiento comparecieron en calidad de investigados ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá de Henares, en el marco de la investigación por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos. La defensa de los acusados ha solicitado nuevas declaraciones y pruebas para esclarecer la actuación de los agentes que tuvieron acceso a dichos documentos.
El caso está vinculado a la supuesta filtración de dos denuncias por agresiones sexuales relacionadas con migrantes. En esta jornada también prestaron declaración el exjefe de la Policía Local y dos agentes como testigos.
Tras finalizar su comparecencia, Piquet declaró a los medios que estaba deseando explicar "la verdad de todo lo ocurrido". Afirmó: "Nunca he tenido acceso a un documento policial ni a ningún otro documento oficial o no oficial. Quien debía custodiar ese documento no era yo en ningún momento". Además, manifestó su confianza en la Justicia y su deseo de que se determine la responsabilidad de quien filtró el documento.
Acusaciones con "afán económico"
El abogado de la alcaldesa, José Javier Vasallo, denunció que este procedimiento responde a un "claro afán económico" de terceros. Según el letrado, el caso está siendo utilizado tanto como estrategia de defensa en otros litigios como para reclamar compensaciones económicas relacionadas con contenciosos laborales entre el exjefe de la Policía Local y el Ayuntamiento.
El abogado también apuntó a la actuación del anterior comisario de la Policía Local, quien, según afirmó, "tenía la obligación de custodiar los documentos y denunciar las irregularidades", pero no actuó al respecto. Vasallo anunció que solicitará la declaración de todas las partes implicadas y de los responsables que tuvieron acceso al documento.
El letrado calificó las acusaciones contra la alcaldesa como "infundadas" y afirmó que "no tienen ningún sentido", considerando que se han formulado sin pruebas concluyentes.
Origen de la controversia
El procedimiento judicial se remonta a hace un año, cuando Judith Piquet afirmó públicamente que existían dos denuncias por agresiones sexuales cometidas por "un hombre negro y joven". Estas declaraciones se produjeron tras los altercados registrados entre migrantes trasladados al Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) de Alcalá por el Gobierno central.
En aquel momento, la Presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, respaldó a Piquet durante un Consejo de Gobierno celebrado en la localidad, donde denunció la existencia de "reyertas graves" y agresiones sexuales supuestamente vinculadas a los migrantes. Estas afirmaciones fueron desmentidas por el Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien las calificó de "falsas y alarmistas", advirtiendo que fomentaban la xenofobia.
Posteriormente, Alfonso Serrano, secretario general del PP en Madrid, publicó en redes sociales un informe de la Policía Local en el que se mencionaba un intento de agresión, lo que avivó la controversia sobre la filtración del documento.
Posturas políticas enfrentadas
El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz Pache, ha defendido que "no existe ninguna filtración" por parte de la alcaldesa y ha acusado al PSOE de instrumentalizar el caso por motivos políticos tras perder el control del Ayuntamiento en 2023.
Por su parte, el portavoz socialista, Jesús Celada, exigió explicaciones sobre cómo un documento policial terminó en manos del PP. Además, denunció la posible utilización partidista de las fuerzas de seguridad por parte del Partido Popular.
Desde Más Madrid, Manuela Bergerot señaló que Ayuso utilizó este caso para "instigar el racismo" y fomentar discursos de odio. Por su parte, VOX manifestó su confianza en que la Justicia esclarecerá los hechos.
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