Cano dice que su detención fue un montaje político: "Voy a descubrir quién ha hecho esto"

El productor musical Nacho Cano ha reafirmado este martes sus acusaciones contra el comisario Alberto Carba, asegurando que su detención en julio fue un "abuso de poder" tanto contra él como contra los 17 becarios implicados en el caso. Cano ha comparecido en el acto de conciliación judicial, al que el comisario no ha acudido, dejando su representación en manos de su abogado y procurador.

A su llegada a los juzgados de Primera Instancia de Madrid, el artista ha reiterado que "no había nada que conciliar", insistiendo en que la situación fue orquestada desde el Gobierno. "Lo que me han hecho está fuera de lugar. No hay nada que conciliar, voy a ir a tope hasta que descubra quién ha hecho esto", ha afirmado ante los medios antes de entrar al juzgado.

Cano ha defendido que los becarios fueron víctimas de coacciones y engaños por parte de la policía, afirmando que fueron retenidos durante 11 horas en la Comisaría de Leganitos. Según la versión del productor, los jóvenes fueron llevados al recinto bajo el pretexto de tomar sus datos, pero luego se convirtieron en interrogatorios intimidatorios en los que incluso se les amenazó con la deportación.

"Se intentó que las chicas encontraran indicios de acoso sexual por parte de Cano", señala el acta judicial remitida por su defensa.

El comisario Carba mantiene su querella

El comisario Alberto Carba no ha comparecido en el acto de conciliación, pero su abogado ha confirmado que seguirá adelante con la querella contra Cano. "En su caso, esto es un acto previo a la interposición de una querella", ha explicado la abogada del productor, Elena Fernández, quien ha subrayado que su cliente está "satisfecho" con su declaración porque "tiene muy claro todo lo que ha ocurrido".

La defensa de Cano espera que la Audiencia Provincial reconsidere el caso en base a nuevas resoluciones de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, que confirman que los becarios "tenían y tienen autorización para residir y estudiar en España". "Ellos nunca han sido ilegales", ha apostillado su abogada.