El exalcalde de Brunete niega haber ocultado un informe del arquitecto municipal y no pactará con la Fiscalía

El exalcalde de Brunete, Borja Gutiérrez Iglesias, ha negado haber ocultado un informe del arquitecto municipal durante la legislatura de 2012-2015 para favorecer los intereses del padre de un edil en relación con unas parcelas incluidas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Por este motivo, se ha opuesto a pactar con la Fiscalía de Madrid.

Juicio por ocultación de informe

Tanto Gutiérrez Iglesias como el entonces concejal de Urbanismo están siendo juzgados tras una denuncia del arquitecto municipal de la época, relacionada con cuatro parcelas. Ambos procesados defenderán su inocencia mañana ante el tribunal. Sus abogados han declarado que sus clientes no cometieron los actos de los que se les acusa, relacionados con un error intencionado detectado en el planeamiento urbanístico de las parcelas mencionadas.

Durante el juicio, han comparecido los portavoces del PSOE e IU de esa época. El representante del PSOE no recordaba detalles del expediente debido al tiempo transcurrido, mientras que el portavoz de IU destacó la polémica que el tema generó en los plenos.

Según el testimonio del portavoz de IU, no se tuvo conocimiento de un segundo informe del arquitecto municipal en el que se señalaban los errores del plan urbanístico. De haber tenido acceso a este informe, su grupo habría votado a favor de una modificación puntual del PGOU. "Si se hubiera conocido, mi voto hubiera sido diferente. Nuestro grupo revisaba la documentación de los expedientes y ese informe se tenía que haber incluido", afirmó.

Antecedentes del exalcalde

No es la primera vez que el exalcalde del Partido Popular enfrenta problemas legales. En diciembre de 2020, la Audiencia Provincial de Madrid lo condenó a dos años de prisión por un delito de cohecho, al ofrecer favores a una edil de UPyD a cambio de su apoyo a la investidura del exregidor del PP en 2012.

El fiscal acusa a Gutiérrez Iglesias y al exedil de Urbanismo de un delito contra los derechos cívicos, según el artículo 542 del Código Penal, y de un delito de infidelidad en la custodia de documentos. El exalcalde enfrenta una posible inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público durante tres años, mientras que el exedil podría ser condenado a dos años y seis meses de cárcel y una multa de dieciséis meses, con una cuota diaria de 20 euros.

Hechos juzgados

Según la Fiscalía, en diciembre de 2012, el arquitecto municipal emitió un informe a petición de los grupos de la oposición, concluyendo que el PGOU de Brunete contenía un error respecto a cuatro parcelas en la zona denominada 'Charco Poleo'. El concejal de Urbanismo tenía "interés indirecto" en estas parcelas, ya que su padre era propietario de una de ellas. El PGOU las había clasificado incorrectamente como 'Suelo Urbano Consolidado' en lugar de 'Suelo Urbano No Consolidado'.

En abril de 2013, la secretaria del Ayuntamiento emitió un informe señalando que el informe del arquitecto no era concluyente. En junio de 2013, el arquitecto municipal presentó un nuevo informe reformulando sus conclusiones de manera categórica. Este informe fue registrado en el Ayuntamiento y entregado en mano al concejal de Ordenación del Territorio, quien retuvo el documento sin darle el curso legalmente establecido hasta después del pleno del 15 de enero de 2015.

En febrero de 2014, el Grupo Municipal de UPyD presentó una moción para que en el Pleno Ordinario de noviembre de ese año se aprobara la modificación puntual del PGOU para corregir los errores indicados. Sin embargo, la moción fue rechazada por todos los grupos municipales, excepto el proponente, debido a que desconocían la existencia del nuevo informe del arquitecto municipal emitido el 7 de junio de 2013.

En varios plenos, el alcalde y el concejal negaron la existencia de otro informe distinto al emitido el 13 de diciembre de 2012, a pesar de ser conscientes de su existencia y de sus obligaciones al respecto.

Según la Fiscalía, hasta la fecha, el Ayuntamiento no ha tomado medidas para corregir los errores detectados en el PGOU de Brunete.