El juez señala la filtración de un correo desde la Fiscalía a Moncloa
El magistrado Ángel Hurtado, instructor del caso que investiga al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha señalado en un auto judicial que un correo electrónico enviado desde la Fiscalía General del Estado (FGE) llegó a la Presidencia del Gobierno, desde donde se realizaron "gestiones" para que acabara publicado en el medio elplural.com. El contenido de ese correo se habría utilizado posteriormente con fines políticos en un debate parlamentario.
Declaraciones de imputados clave
El juez ha citado como imputados a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado; Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid; y Diego Villafañe, número dos de la Secretaría Técnica de la FGE. Las declaraciones se celebrarán el 29 y 30 de enero y el 5 de febrero, respectivamente.
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El correo en cuestión, fechado el 2 de febrero de 2024, fue enviado por la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, al fiscal Julián Salto, ofreciendo reconocer dos delitos fiscales a cambio de un acuerdo. Según el juez, este correo pasó de la Fiscalía a Moncloa, desde donde se filtró a elplural.com para respaldar la intervención de Juan Lobato, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid.
WhatsApp y estrategia política
El auto detalla intercambios de mensajes entre Lobato y la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera el 14 de marzo de 2024, horas antes de que el portavoz socialista utilizara el correo en su intervención en el parlamento regional. En estos mensajes, Lobato expresa dudas sobre el origen del correo y su publicación en los medios, temiendo que pudiera interpretarse como una filtración desde la Fiscalía. Sánchez Acera le aseguró que el correo sería publicado para respaldar su intervención.
Posteriormente, elplural.com publicó el correo con los datos personales ocultos, y Lobato lo utilizó como prueba en el pleno de la Asamblea de Madrid.
Implicación de altos cargos
La investigación ha revelado que, antes de su publicación, conocían el contenido del correo, además de Lobato y Sánchez Acera, otros altos cargos del entorno gubernamental, como Francesc Vallés, Ion Antolín y Laura Sánchez Espada. La Unidad Central Operativa (UCO) concluyó que hubo conocimiento previo del correo entre estas personas antes de que se hiciera público.
El correo filtrado formó parte de las negociaciones entre la defensa de González Amador y el fiscal Julián Salto, un intercambio que la Fiscalía aclaró más tarde mediante una nota de prensa. Sin embargo, las filtraciones, y el uso del correo en un contexto político, han llevado al magistrado a investigar posibles irregularidades y la instrumentalización del caso para fines partidistas.
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