Los afectados por la línea 7B de Metro reanudan las protestas en San Fernando de Henares
La Plataforma de Afectados por la Línea 7B de Metro de Madrid ha convocado este martes una nueva concentración de protesta en San Fernando de Henares para reclamar una solución definitiva a los problemas derivados de las obras de ampliación de esta infraestructura, iniciadas hace más de dieciséis años y que continúan generando graves consecuencias estructurales en viviendas y calles del municipio.
La protesta tendrá lugar a las 19.00 horas frente a la oficina de atención a los afectados de la Comunidad de Madrid, situada en la Calle Argumosa número 20. Bajo el lema ‘Una vivienda digna por una vivienda digna’, los vecinos afectados buscan visibilizar una situación que califican como insostenible y que aseguran se ha visto agravada en los últimos años ante la ausencia de soluciones concretas.
Desde la plataforma denuncian que la problemática no solo persiste, sino que se ha extendido a municipios cercanos como Coslada. Critican al Gobierno regional por no compartir datos técnicos actualizados que justifiquen las obras realizadas y por no ofrecer garantías de una intervención definitiva. "Dos municipios conviven con una línea de metro que se hunde día a día, sin solución a corto, medio o largo plazo", advierten.
Según las cifras que maneja la plataforma, son ya más de 600 las viviendas afectadas, 217 las personas desalojadas y 73 las casas que han tenido que ser derribadas. Muchos de los afectados siguen haciendo frente al pago de sus hipotecas pese a haber perdido su vivienda, sin que se haya garantizado aún la reposición en condiciones equivalentes, tal y como reclaman desde hace años.
La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras defiende que desde el inicio de la legislatura se está ejecutando un Plan de Actuaciones Integrales en la zona afectada, presentado en octubre de 2022, que incluye medidas de compensación fiscal, ayudas directas y bonificaciones a la compra de vivienda.
Entre las medidas aplicadas, destaca la bonificación del 100% en los tributos de gestión autonómica relacionados con la compra de vivienda para los damnificados, con efecto retroactivo de hasta cuatro años desde la recepción de indemnizaciones. El Ejecutivo calcula un ahorro fiscal próximo al millón de euros. Además, se han puesto en marcha ayudas de hasta 50.000 euros para comercios y empresarios individuales de la zona, destinadas a modernización, adquisición de equipamiento, digitalización y reformas.
Los afectados han advertido que esta concentración marca el inicio de un nuevo ciclo de movilizaciones ante lo que consideran un abandono institucional. Acusan a las distintas administraciones, tanto por acción como por omisión, de haber contribuido a una situación que ya califican de "desastre urbano y humano".
