Solicitan ocho años de prisión para la exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse por contratos irregulares en colegios
La acusación particular ha solicitado ocho años de prisión para la exalcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, por un presunto delito de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa. La causa se remonta a su etapa como concejala de Medio Ambiente, Parques-Jardines y Limpieza Viaria, antes de asumir la Alcaldía, y gira en torno al supuesto fraccionamiento irregular de contratos de obras en colegios públicos.
Junto a Posse también figura como acusada la entonces jefa de Mantenimiento y Edificios Municipales y Colegios Públicos, Ángeles Cortizas. Ambas están señaladas por haber impulsado, de forma presuntamente deliberada, ocho contratos menores que, aunque individualmente no superaban los 50.000 euros sin IVA, sumaban en total 384.956,82 euros, lo que habría permitido eludir el procedimiento ordinario de contratación pública.
La petición de pena ha sido formulada por Sergio Gil, exdirector de Hacienda del Ayuntamiento y denunciante del caso, en la fase intermedia del procedimiento judicial, una vez que el juzgado acordó el pasado marzo transformar las diligencias en procedimiento abreviado, al considerar concluida la instrucción y apreciar indicios suficientes para la apertura de juicio.
En el escrito presentado por Más Madrid, que actúa como acusación popular, se solicita la misma pena de prisión para ambas procesadas, además de 20 años de inhabilitación para ejercer cargo público. Según su relato, no hubo participación de técnicos ni funcionarios ajenos a las acusadas en la formalización de los contratos, lo que, a juicio de la jueza, evidencia una voluntad consciente de fraccionamiento contractual.
Una maniobra para eludir el control legal, según la jueza instructora
La resolución judicial de transformación de las actuaciones señala que ambas acusadas actuaron “consciente y deliberadamente” para fraccionar el objeto de los contratos con el fin de esquivar los límites cuantitativos establecidos por la normativa y evitar así recurrir a un procedimiento de contratación ordinaria, que requiere mayor transparencia y control.
Los contratos afectaban a intervenciones en centros escolares de titularidad pública en la ciudad, y fueron tramitados a través de la Concejalía de Medio Ambiente, que en aquel momento tenía delegadas las competencias sobre el mantenimiento de los edificios municipales.
Posse denuncia una persecución política y carga contra Más Madrid
Por su parte, Noelia Posse ha reaccionado públicamente a través de sus redes sociales, donde ha defendido su inocencia y se ha mostrado dispuesta a “defenderse sola públicamente”. La exalcaldesa asegura que lo que se pretende “no es hacer justicia” sino “destrozar la vida a personas honestas y honradas”.
En su mensaje, ha insinuado que existe una motivación política detrás del proceso judicial y ha criticado que se omita imputar a un exconcejal vinculado a Más Madrid, al tiempo que ha cuestionado la imparcialidad del equipo legal de la acusación popular, vinculado, según ella, a los mismos representantes del partido en el conocido como caso ITV.
Posse, que fue alcaldesa de Móstoles entre 2018 y 2023, fue objeto de múltiples polémicas durante su mandato, entre ellas varios nombramientos controvertidos que minaron su respaldo político, aunque finalmente logró mantenerse al frente del consistorio hasta el final de la legislatura.
