Las asociaciones de jueces califican de "maquillaje" el plan anticorrupción de Sánchez
Las principales asociaciones judiciales han criticado con dureza el plan anticorrupción anunciado este miércoles por el Ejecutivo, al que acusan de ser un simple ejercicio de “maquillaje” que no aborda con seriedad los problemas estructurales del sistema.
Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) hasta el Foro Judicial Independiente (FJI), las valoraciones coinciden en señalar la ausencia de voluntad política y de medios suficientes para combatir eficazmente la corrupción.
"De poco sirve endurecer penas si luego se indulta a corruptos"
La presidenta de la APM, María Jesús del Barco, ha subrayado que el plan no tiene impacto real si no se dota de medios materiales y personales a jueces, fuerzas de seguridad y mecanismos de ejecución de penas. Recuerda que endurecer el Código Penal carece de sentido cuando se indulta o amnistía a los condenados, como ocurrió con los responsables del 'procés'. También denuncia la reforma de la malversación aprobada por este Gobierno, que redujo penas para beneficiar a condenados y futuros autores de este delito. Además, lamenta que se cuestione y ataque públicamente la labor de los jueces que investigan causas contra políticos, en lugar de respaldarles con recursos y respeto institucional.
AJFV advierte de medidas redundantes y falta de presupuesto
Desde la AJFV, su portavoz Sergio Oliva apunta que muchas de las medidas incluidas en el plan ya existen en el ordenamiento jurídico o son meramente reiterativas, como la protección de denunciantes o la inhabilitación de empresas corruptas. Señala también que no se ha previsto presupuesto alguno para implementar el plan, lo que lo convierte en papel mojado. Critica especialmente la propuesta de crear una Agencia de Integridad Pública cuando ya existen organismos con competencias en la materia. En su opinión, el problema no es la falta de estructuras, sino la ausencia de voluntad para permitir que las ya existentes trabajen con independencia real. Considera especialmente preocupante que se pretenda otorgar la instrucción penal a una Fiscalía que no está blindada frente a injerencias del Ejecutivo, lo cual, en casos de corrupción política, puede minar la credibilidad de las investigaciones.
El FJI ve poco creíble la iniciativa de un Gobierno salpicado por la corrupción
Fernando Portillo, portavoz del Foro Judicial Independiente, ha sido tajante al afirmar que la propuesta resulta poco creíble viniendo de un Gobierno que acumula siete años en el poder y que se encuentra, según sus palabras, cercado por casos de corrupción. Cuestiona la creación de nuevos organismos sin competencias claras y la entrega de la instrucción penal a una Fiscalía subordinada jerárquicamente al fiscal general, nombrado por el propio Gobierno. A su juicio, la única medida eficaz sería reforzar con medios suficientes la independencia judicial y dotar adecuadamente a los cuerpos encargados de investigar estos delitos. Recalca que las herramientas ya existen, lo que falta es aplicarlas con eficacia y respaldo institucional.
JJpD valora las propuestas pero reclama recursos y rigor
Más matizada ha sido la valoración de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que sí ven algunas medidas útiles, aunque insisten en la necesidad de desarrollo legislativo, dotación presupuestaria y debate público. Su portavoz, Edmundo Rodríguez, considera acertada la ampliación del plazo de prescripción y el foco sobre las empresas corruptoras, aunque opina que no se necesita aumentar las penas, sino aplicar medidas disuasorias más efectivas. Sugiere que las mordidas se castiguen con la pérdida total de la obra pública, incluso si ha sido realizada, y reclama penas accesorias que impidan volver a contratar con la administración. También ve razonable recurrir a sistemas de Inteligencia Artificial para el control de adjudicaciones, pero exige transparencia sobre el código fuente de dichas herramientas. Además, considera necesario regular con mayor seriedad el nombramiento de asesores, advirtiendo que algunos ya han sido detectados trabajando para partidos en lugar de cumplir funciones técnicas.
