Ayuso acusa a la Ley de Vivienda de destruir el mercado del alquiler y fomentar la ocupación
la Presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido este lunes de la pérdida de miles de viviendas en alquiler en España tras dos años de aplicación de la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno central.
Durante un acto institucional celebrado con motivo de la firma de un protocolo frente a la ocupación ilegal de viviendas, Ayuso ha vinculado el deterioro del mercado inmobiliario a lo que ha calificado como “políticas bolivarianas” que, según ha afirmado, “anulan a los mejores, empobrecen y hacen al ciudadano dependiente del poder”.
“Ayer mismo conocimos que España ha perdido 120.000 viviendas en alquiler desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda. El precio del arrendamiento ha subido un 26%. Y esto no es casualidad: cuando se impone un modelo de subsidios y ataques a la propiedad privada, el resultado es siempre el mismo: apagones, escasez, mercado negro, fuga de empresas y asfixia fiscal”, ha denunciado la presidenta madrileña.
Crítica frontal a la criminalización del propietario y a la protección del delincuenteDíaz Ayuso ha aprovechado su intervención para cargar contra lo que considera una inversión de los valores esenciales del Estado de derecho. “Se está normalizando el crimen y criminalizando la vida normal”, ha afirmado, al tiempo que ha criticado que se castigue a las familias víctimas de ocupación mientras se premia a quienes vulneran la ley.
Estas declaraciones se producen en el marco de la firma de un nuevo protocolo de actuación frente a la ocupación ilegal de viviendas, rubricado por la presidenta autonómica junto a los decanos de los colegios de abogados y procuradores. El plan contempla asesoramiento legal y psicológico gratuito a los afectados, como respuesta a una problemática que, según Ayuso, sigue agravándose ante la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez.
Frente al intervencionismo del Ejecutivo central, Ayuso ha reivindicado el modelo que defiende la Comunidad de Madrid, centrado en la protección de la propiedad privada, el estímulo a la inversión y el acompañamiento a los propietarios afectados por impagos u ocupaciones ilegales.
“La función de un Gobierno es proteger al ciudadano honesto, no al que viola la ley. No podemos permitir que se reparta el esfuerzo de unos entre quienes no respetan las normas básicas de convivencia”, ha sentenciado la presidenta.
