La Comunidad de Madrid ofrece 61 plazas MIR de Urgencias pero exige garantías al Ministerio
La Comunidad de Madrid ha comunicado al Ministerio de Sanidad una oferta provisional de 61 plazas MIR para la nueva especialidad de Urgencias y Emergencias, condicionada a la introducción de cambios y garantías que aseguren un marco jurídico estable y claro en relación a las unidades docentes implicadas.
La consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, ha trasladado estas exigencias en una carta enviada este miércoles a la ministra Mónica García, en la que expresa su preocupación por la inseguridad jurídica derivada del desconocimiento del contenido del programa formativo y la ausencia de unidades docentes acreditadas. Pese a ello, y para evitar quedar fuera del proceso de asignación, la Comunidad ha decidido adherirse a la previsión estatal, incluyendo las plazas en la aplicación informática habilitada para este fin.
Matute advierte de que la presentación de esta oferta depende de la modificación de los anexos relativos a las declaraciones responsables exigidas, tanto para las unidades docentes como para los especialistas que opten por la vía extraordinaria. La firma de estos documentos no puede suponer, según subraya, un compromiso con requisitos que aún no han sido aprobados oficialmente.
La consejera deja claro que esta oferta puntual no afectará a las plazas ya ofertadas en otras especialidades médicas, que considera imprescindibles para cubrir el déficit crónico de profesionales sanitarios en la región. Insiste además en la urgencia de ampliar la capacidad formativa del sistema para poder atender adecuadamente las necesidades del Sistema Nacional de Salud.
Ya la semana pasada, Matute había remitido una carta a la ministra, en nombre propio y del resto de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, criticando la ausencia de un marco normativo y de unos criterios públicos de acreditación que generen confianza. Estas comunidades denuncian que el actual proceso se desarrolla en un contexto de incertidumbre jurídica que pone en riesgo su adecuada implementación.
