Intervenidas más de 280.000 prendas falsificadas en un polígono de Pinto

Agentes de la Guardia Civil de la Unidad Fiscal y de Frontera de la Comandancia de Madrid han logrado retirar del mercado 284.036 artículos de ropa, bolsos e insignias de conocidas marcas comerciales que los propietarios de la nave importaban para luego proceder a su distribución, ha informado este lunes el Instituto Armado en una nota de prensa.

El dispositivo tuvo su origen en las inspecciones que realizan los agentes, localizando una nave industrial con un alto volumen de movimiento, situada en la localidad de Pinto, donde se observó diferentes efectos de conocidas marcas comerciales que a todas luces eran falsificados.

Así, a lo largo del pasado mes de octubre, los agentes cursaron una inspección en el establecimiento donde los Agentes pudieron observar un altísimo número de efectos desperdigados por la nave, y donde tras contactar con las marcas legales, se solicitó su peritaje para determinar si eran falsificadas.

Tras certificar las patentes de la marca la falsedad de los efectos, se intervinieron entre otros 121.478 gorras de diferentes marcas, 95.400 monederos, 53.400 pañuelos, 23.778 sombreros chambergos, 5.334 bolsos, además de numerosas, mochilas, cintas para bolsos, gafas y más de 23.000 insignias dispuestas para ser colocadas.

Del informe elaborado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el fenómeno de las falsificaciones es un fenómeno transversal y global cuya lucha y erradicación compete tanto a entidades públicas y privadas.

Dicha delincuencia destruye unos 45.000 puestos al año en España, perjudica el comercio de las ciudades al fomentar la competencia desleal, perjudica la economía del país al perder casi 6 millones de euros en ventas en España y promueve la economía sumergida que no paga impuestos ni tributa lo que provoca el empobrecimiento de todos.

La Guardia Civil también señala que las falsificaciones no pasan los controles de calidad que garantizan un consumo seguro, pueden suponer grandes riesgos para la salud y la seguridad y es una actividad controlada por el crimen organizado.

De hechos, es el segundo tráfico criminal que genera más lucro, sólo por detrás del tráfico de armas. Las mafias que se lucran con ellas explotan a vendedores irregulares y ambulantes "y ponen en peligro la innovación perjudicando el acceso del consumidor a nuevos productos". Además, se pierden los derechos como consumidores.