La interventora de la Complutense señala irregularidades en un contrato de la cátedra de Begoña Gómez
María Elvira Gutiérrez-Vierna, interventora de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ha declarado que solo el rector de la universidad, Joaquín Goyache, tiene capacidad para contratar en nombre del centro, tal como establecen los estatutos. Sin embargo, Gutiérrez-Vierna ha admitido que desconocen quién gestionó el contrato con la empresa Making Science, el cual se formalizó sin la fiscalización previa requerida.
La interventora compareció este miércoles ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, que busca esclarecer posibles tratos de favor hacia Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación con la cátedra que ella dirigía en la UCM. La sesión, que comenzó a las 13:20 horas, fue solicitada por el Partido Popular para obtener detalles sobre la creación y financiación de cátedras extraordinarias y programas de posgrado en la universidad.
Gutiérrez-Vierna detalló que en diciembre de 2023 elaboró un informe sobre el contrato con Making Science, empresa tecnológica vinculada a la cátedra dirigida por Gómez. La interventora indicó que el acuerdo "se realizó sin la fiscalización previa exigida", lo que, según su criterio, "implica la nulidad del contrato". Según información publicada por 'El Mundo' en julio, el informe de la Intervención de la UCM señala que los servicios de Making Science se adjudicaron de forma irregular, con un pedido valorado en 24.200 euros, aparentemente concertado de manera verbal.
Al ser preguntada por los miembros de la comisión, la interventora subrayó que la contratación en nombre de la universidad solo puede ser realizada por el rector, conforme a la normativa interna y a la ley de contratos. "En la universidad solo puede contratar el rector. Ninguna otra persona puede actuar en nombre del centro", insistió Gutiérrez-Vierna.
La interventora recordó que Begoña Gómez era directora de la cátedra, pero al no ser personal vinculado a la UCM, el reglamento exige la presencia de un codirector interno. "La gestión de los fondos y el uso de los créditos para gastos estaban sujetos a una financiación específica", explicó.
En cuanto al 'software' que Gómez habría patentado en el marco de un máster de la UCM, Gutiérrez-Vierna señaló que los contratos relacionados con su desarrollo no superaban el umbral de 60.000 euros, lo que exime de comprobaciones materiales. Además, afirmó que los principios de transparencia y eficiencia se respetaron en la contratación de servicios de consultoría estratégica, desmintiendo que se tratase de desarrollo de 'software'.
A pesar de las irregularidades detectadas, la interventora defendió que la contratación cumplió con los principios de transparencia y legalidad. Según Gutiérrez-Vierna, "se hizo una licitación abierta cuando se comprobó que eran necesarios más servicios, gestionando los fondos privados con responsabilidad".
Al ser cuestionada sobre si estas irregularidades afectan la reputación de la cátedra y de la universidad, Gutiérrez-Vierna lo negó categóricamente. "Aunque hubo una nulidad en la forma de concertar el contrato, se presume buena fe por parte del proveedor. La irregularidad ha sido reportada y se ha procedido al pago del servicio porque se está desarrollando una plataforma", concluyó.
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