El Gobierno regional considera que Lobato cometió "graves actos delictivos"

El Gobierno regional considera que Lobato cometió "graves actos delictivos"

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha señalado este miércoles que el exsecretario general del PSOE-M, Juan Lobato, habría cometido "graves actos delictivos" relacionados con la filtración de documentos que implican a la pareja de la presidenta madrileña en presuntos delitos fiscales.

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Fuentes del entorno de Ayuso han afirmado que estos actos estarían "en consonancia con sus compañeros" de partido, en referencia a la dirección del PSOE.

Lobato anunció su dimisión en una carta dirigida a la militancia tras días de creciente presión dentro del PSOE-M. En su comunicado, justificó su decisión como un intento de frenar la "división grave" generada en el partido. "Lo hago para poner freno a una situación de enfrentamiento y división grave que sólo iba a dañar al PSOE en Madrid y a los avances en la unidad que habíamos conseguido en estos tres años", explicó.

La renuncia llega después de que Lobato desvelara haber registrado en una notaría mensajes de WhatsApp con Pilar Sánchez Acera, jefa de Gabinete del ministro de Transformación Digital, Óscar López. Los mensajes estarían relacionados con un correo electrónico en el que la pareja de Ayuso supuestamente confesaba irregularidades fiscales.

La situación de Lobato se complicó tras este registro notarial, lo que intensificó las voces críticas dentro del PSOE-M, que reclamaban su dimisión. Ferraz apostaba ya abiertamente por Óscar López como candidato para liderar la federación madrileña, una batalla interna que Lobato finalmente no llegará a enfrentar en unas primarias.

El entorno de Ayuso ha reaccionado al conflicto interno del PSOE-M con ironía, indicando que "si se matan entre ellos no significa que sea mejor". Sin embargo, las acusaciones van más allá, señalando que la supuesta filtración del correo, presuntamente obtenida de la Fiscalía, podría constituir un delito de revelación de secretos, una investigación que afecta también al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

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