Madrid descarta "rescatar" Calle 30 por el alto coste
La delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, ha rechazado la propuesta de Más Madrid de "rescatar" la gestión de Calle 30, argumentando que ello implicaría un coste adicional de 150 millones de euros para indemnizar a la empresa privada Emesa, que posee el 20% del accionariado. El 80% restante ya está en manos municipales, y el Ayuntamiento tiene previsto ejecutar en 2025 la opción de compra del porcentaje privado.
"Rescatar significaría asumir la gestión tal y como está, pero indemnizando al privado en un 19% del promedio de la facturación de los últimos cinco años, lo que supone 150 millones adicionales", explicó García Romero durante el debate en el Pleno de Cibeles. En cambio, la delegada defendió que la estrategia del consistorio es adquirir las acciones de Emesa en 2025, aprovechando acuerdos previos y con un presupuesto ya asignado de 112 millones de euros.
El concejal de Más Madrid, Miguel Montejo, cuestionó la gestión de Calle 30 y calificó la colaboración público-privada como una "catástrofe ruinosa" para el Ayuntamiento, recordando un informe de la Cámara de Cuentas de 2017 que señalaba sobrecostes acumulados de 1.500 millones de euros.
Montejo acusó al equipo de gobierno de José Luis Martínez-Almeida de basarse en datos proporcionados por Emesa para justificar la compra y propuso realizar auditorías externas independientes para valorar activos y pasivos. Sin embargo, esta proposición fue rechazada con los votos del PP, mientras que VOX se abstuvo y la izquierda votó a favor.
García Romero recordó que Calle 30 ya es sometida a dos auditorías externas anuales, además de informes semestrales y el control de cuentas por parte de la Intervención Municipal, subrayando que el proceso se llevará a cabo "cumpliendo la ley y buscando la gestión más económica".
La delegada también aseguró que la transición hacia una empresa pública municipal al cien por cien garantizará los derechos de los trabajadores de Emesa, quienes serán subrogados bajo los convenios colectivos y la legislación laboral vigente.
Finalmente, García Romero criticó a Más Madrid por no haber iniciado este proceso durante su mandato, limitándose a "una comisión de investigación" sin resultados tangibles. "Estén tranquilos, estamos buscando la mejor gestión, la más económica", concluyó.
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