¿De qué hablan en los Consejos de Ministros?

¿De qué hablan en los Consejos de ministros? ¿Se ocultan los acuerdos entre los del PSOE y los de Sumar? ¿Se engañan unos a otros? ¿Alguien les coordina? La sorpresa de la vicepresidenta Yolanda Díaz cuando la portavoz del Gobierno dijo en la rueda de prensa del último Consejo que los que cobren el salario mínimo deberán pagar IRPF fue, aparentemente, monumental, no fingida.

Y mostró visiblemente su disconformidad. ¿Un asunto tan importante no se trató en el Consejo de ministros? ¿No lo informó la ministra de Hacienda ni lo preguntó la titular de Trabajo? ¿Es un intento más desde el PSOE de dinamitar una coalición que ya no suma nada?

En todo caso, la jugada se fue al garete. En lugar de hablar de una nueva subida de 700 euros del SMI, se habla de la voracidad fiscal de Hacienda, que se llevará casi la mitad de esa subida y otro pellizco de las cotizaciones que le corresponden al trabajador. Pero es que, además, esa subida les costará a las empresas que lo pagan -el Gobierno pacta con los sindicatos pero ni aquél ni éstos ponen un euro- más de 900 euros por trabajador: los 700 de la subida y más de 200 de las cotizaciones que corren por cuenta de la empresa. "Yo decido, tú pagas y yo me quedo la mitad de la pasta". Alguien describió no hace mucho que "el Estado no te da ningún bienestar que no quite a otro". A veces, ni eso. Un buen negocio para un Gobierno que, incapaz de aprobar unos Presupuestos por segundo año consecutivo, alardea de éxito económico, pero esconde que la mayoría de esos buenos datos macroeconómicos son consecuencia del desaforado gasto público, del crecimiento del empleo público, del endeudamiento creciente, del aumento de la presión fiscal, del crecimiento de las exportaciones y de lo que aporta el turismo. Y eso, Trump mediante, puede cambiar en días o semanas.

"Ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va", decía Séneca. Pero la preocupación de este momento -y tampoco parece que de eso se hable en el Consejo de ministros, ¿o sí?- es la degradación de la calidad democrática, el abuso o el mal uso de las leyes, la corrupción que salpica al entorno del Presidente del Gobierno o la utilización de las instituciones al servicio de intereses partidistas. Lo vemos todos los días y afecta a la separación de poderes, a la independencia de la justicia, a la libertad de expresión, a la degradación del papel del Parlamento y de órganos como la Fiscalía General del Estado o el propio Tribunal Constitucional.

El Banco Mundial en su último informe refleja el pronunciado retroceso de España en asuntos como el control de la corrupción, la calidad regulatoria, la eficiencia gubernamental y el Estado de derecho. El Índice de Percepción de la Corrupción que publica anualmente la ONG Transparencia Internacional coloca a España como una de las "democracias defectuosas" y nuestro país baja diez puestos en la clasificación mundial, del 36 al 46 en el mundo y al lugar 16, de 27, de la Unión Europea. Otro informe de la Fundación BBVA sobre "confianza de la sociedad española 2025" coloca a los jueces a la cabeza de la confianza y a los políticos a la cola: Los ayuntamientos aprueban con un 5 raspado, pero suspenden los gobiernos autonómicos, el Parlamento, el Gobierno de España y los partidos políticos.

Nunca la calidad de la democracia había estado tan cuestionada en las últimas décadas.. Hace unos años, Benedicto XVI decía ante el Parlamento Europeo que el deber fundamental del político es y sigue siendo "servir al derecho y combatir el dominio de la injusticia". Y añadía que "la aplicación del derecho distingue al Estado de una 'banda de bandidos' como ocurrió en la Alemania nazi. Si se quita el derecho, el Estado, como decía san Agustín, se convierte en una gran banda de bandidos. Los alemanes hemos visto cómo el poder se separó del derecho, se enfrentó al derecho y pisoteó el derecho de manera que el Estado se convirtió en un instrumento para la destrucción del derecho". Aviso para navegantes.