Novillo explica la subida en la tarifa del agua por la presión demográfica y las exigencias del Gobierno central sobre el Tajo

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha defendido este jueves en el Pleno de la Asamblea el incremento del 3% anual en la tarifa del agua previsto en el nuevo plan estratégico del Canal de Isabel II, argumentando que responde a tres factores fundamentales: el aumento de la población en la región, la reducción de las captaciones en los embalses y las exigencias del Plan Hidrológico del Tajo, impuesto por el Gobierno central.

Novillo ha detallado que la Comunidad de Madrid ha crecido hasta alcanzar los siete millones de habitantes, con un aumento de 120.000 personas cada año, lo que supone un consumo adicional de 15 millones de litros de agua diarios. Además, ha subrayado que, pese a que los embalses madrileños se encuentran al 72% de su capacidad, las aportaciones se han reducido un 20% en lo que va de siglo, situación que califica de "óptima pero circunstancial".

El consejero ha atribuido también parte de la presión sobre los recursos hídricos a las obligaciones derivadas del Plan Hidrológico del Tajo, que obliga a liberar caudales, a su juicio, por motivos "ideológicos" impuestos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El plan estratégico del Canal contempla subidas progresivas del 3% anual desde el segundo semestre de 2025 hasta 2030, lo que supondrá un incremento medio de 3,5 euros mensuales por hogar al final del periodo. Novillo ha ejemplificado que una familia de cuatro miembros pagará, tras la subida, unos 60 céntimos diarios por 500 litros de agua de calidad, transportada desde el Valle de Lozoya hasta el grifo de su vivienda en la capital.

La oposición, sin embargo, ha criticado duramente esta medida. El diputado socialista Javier Arévalo ha reprochado que el Canal de Isabel II haya repartido 1.500 millones de euros en dividendos en los últimos diez años, mientras que ahora se justifica la subida por falta de recursos. Desde Más Madrid, Alejandro Sánchez ha pedido que se dejen de distribuir beneficios entre los accionistas, mientras que el portavoz de VOX, Íñigo Henríquez de Luna, ha acusado al Ejecutivo regional de querer "recaudar" más dinero por ser el accionista mayoritario del Canal.

Además, la oposición ha vinculado esta decisión con la corrupción que en el pasado afectó a la empresa pública. Sánchez ha acusado al Gobierno regional de necesitar esta subida para tapar las pérdidas derivadas de la gestión del expresidente Ignacio González y el Caso Lezo, proceso judicial en el que se investigan irregularidades por valor de más de 200 millones de euros. Arévalo ha recordado que González llegó a estar en prisión preventiva por estos hechos.

Las críticas se han extendido a la reciente rebaja del impuesto de Sucesiones y Donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos, que dejará de ingresar 140 millones de euros anuales. Arévalo ha calificado de incoherente que se aumente el coste del agua mientras se reducen impuestos "al 0,2% de los más ricos". Henríquez de Luna ha sugerido que "casualmente" la subida del agua compensa la cantidad que se dejará de recaudar por la citada bonificación fiscal.

Novillo ha defendido que los dividendos del Canal se han reducido en los últimos ejercicios y se reinvierten en servicios públicos municipales y autonómicos. Ha reprochado a Vox su "visión cortoplacista" por sugerir que se mantengan las tarifas actuales aprovechando el buen estado de los embalses, advirtiendo que dejar de invertir en infraestructuras hídricas comprometería el suministro en el futuro.

El Gobierno regional sostiene que la Comunidad de Madrid continúa ofreciendo "el agua más barata y de mayor calidad" del país y que la subida responde a la necesidad de garantizar un sistema sostenible en el contexto de crecimiento poblacional y cambio climático.