La Comunidad tilda de "autoritaria" la intención del Gobierno de declarar Lugar de Memoria la Real Casa de Correos
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha acusado este jueves al Gobierno de España de actuar con "tintes autoritarios" al pretender convertir la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional, en Lugar de Memoria Democrática. El consejero ha considerado que esta decisión responde a la incapacidad del Ejecutivo central de "soportar" que otra institución defienda con firmeza sus intereses y ha denunciado una falta de lealtad institucional por parte de Moncloa.
Las declaraciones se han producido en la antesala del Pleno de la Asamblea de Madrid, donde García Martín ha criticado que el Ministerio de Política Territorial, dirigido por Ángel Víctor Torres, remitiera el miércoles una invitación formal al Gobierno autonómico para que este se pronuncie antes del 26 de febrero sobre la posibilidad de declarar el edificio como Lugar de Memoria Democrática, "con objeto de evitar cualquier posible tacha de inconstitucionalidad".
El Gobierno central sostiene que la norma autonómica aprobada recientemente por la Asamblea "blinda" la Real Casa de Correos ante cualquier declaración en virtud de la Ley de Memoria Democrática, lo que, según el Ministerio, vulneraría el orden constitucional al invadir competencias estatales.
García Martín ha censurado la forma en que se ha gestionado este procedimiento, asegurando que el Ejecutivo madrileño tuvo conocimiento del requerimiento por la prensa. "El Gobierno central no se ha puesto en contacto con la Comunidad de Madrid para absolutamente nada. Esta es la manera en la que Pedro Sánchez concibe la lealtad institucional", ha declarado el consejero.
El titular de Presidencia ha insistido en que no se trata de un hecho aislado, sino que responde a una pauta de conducta habitual del Ejecutivo socialista, al que ha acusado de utilizar las instituciones para erosionar a los gobiernos autonómicos que no se pliegan a sus directrices. "No es la primera vez que el Gobierno central actúa de manera desleal y no comprende el normal funcionamiento de las relaciones entre instituciones", ha afirmado.
García Martín ha defendido la legalidad de la normativa autonómica que protege el edificio de la Puerta del Sol y ha cuestionado que pueda ser inconstitucional que una administración decida sobre el uso y las características de un inmueble de su propiedad. "¿En qué cabeza cabe que sea inconstitucional que la Comunidad de Madrid, propietaria de la Real Casa de Correos, decida sobre su edificio y sobre lo que ocurre o no ocurre en él?", se ha preguntado el consejero.
El Gobierno regional interpreta esta maniobra como una ofensiva más enmarcada en lo que desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso han calificado como "Francaño", en referencia a los actos promovidos por el Gobierno central con motivo del 20 de noviembre, aniversario del fallecimiento de Francisco Franco. En este sentido, García Martín ha advertido de que no permitirán que se utilice el edificio institucional "para tapar los casos de corrupción que acorralan al Ejecutivo central" ni "como escudo para ocultar su debilidad política e institucional".
El Ejecutivo madrileño reitera así su rechazo frontal a las imposiciones del Gobierno central en materia de memoria histórica y denuncia que la ley estatal se está utilizando como instrumento para condicionar la acción política de gobiernos autonómicos que defienden una visión diferente sobre el pasado reciente de España.
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