PP y Vox rechazan en la Asamblea de Madrid el registro de objetores de conciencia sobre el aborto

La Asamblea de Madrid ha tumbado este jueves, con los votos en contra del Partido Popular y VOX, una proposición no de ley (PNL) de Más Madrid que instaba al Gobierno regional a crear un registro de objetores de conciencia sobre el aborto, en línea con el protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad junto a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

La iniciativa, defendida por la diputada de Más Madrid Mariana Arce, pretendía facilitar que las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaran con normalidad en la sanidad pública, reajustando plantillas y evitando la sobrecarga en determinados centros. El texto planteaba que el registro diferenciase entre quienes objetan de manera total y quienes lo hacen solo en determinados supuestos. Asimismo, proponía la creación de una Comisión de seguimiento para evaluar la aplicación de las medidas.

Arce ha denunciado que en Madrid el aborto es "legal pero inaccesible", apuntando que en 2023 se practicaron 20.518 interrupciones, de las que apenas 56 se realizaron en hospitales públicos, lo que representa un 0,27%. La diputada de Más Madrid ha acusado al Ejecutivo regional de "permitir y tolerar el acoso de grupos ultraconservadores" ante las clínicas donde se practican abortos.

Desde el Grupo Popular, Carlota Pasarón ha rechazado la propuesta, advirtiendo que el registro pondría en riesgo la "seguridad jurídica" de los profesionales sanitarios, y acusando a la izquierda de querer "señalar y cancelar a quienes piensan diferente". La diputada popular ha defendido que la buena política "pone a las personas por encima de la ideología", frente a lo que ha calificado de "totalitarismo" de la izquierda.

En términos aún más contundentes se expresó la diputada de Vox Raquel Barrero, quien calificó la medida como parte de la "agenda neocomunista", afirmando que bajo la excusa de proteger derechos, se "pisotean los de los demás". Barrero denunció que la verdadera intención de la izquierda es confeccionar "listas de disidentes", alertando sobre las consecuencias históricas de estos censos en regímenes comunistas. También cargó contra el feminismo estatalista, reclamando que las mujeres "ya van bien servidas" y denunciando que se "cosifica al nonato mientras se humanizan los animales".

Por parte del PSOE, la diputada Sara Bonmatí defendió que el registro persigue "cumplir la ley" y proteger tanto a los médicos objetores como a aquellos que no lo son. Subrayó que el objetivo último es que el aborto se practique "con normalidad asistencial" en los centros públicos de la región, garantizando la atención, el apoyo y la confidencialidad de las mujeres, así como el respeto a la conciencia de los sanitarios.

PP y Vox han reiterado su compromiso con la libertad de conciencia y la protección de los profesionales médicos, rechazando la creación de cualquier tipo de lista que pueda derivar en presiones o coacciones ideológicas. La votación evidencia, una vez más, el firme rechazo de ambas formaciones a las políticas de ingeniería social impulsadas por el Gobierno central,