La Comunidad de Madrid firma un acuerdo para garantizar prácticas sanitarias en FP
La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid y el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) han firmado un convenio de colaboración para garantizar la realización de prácticas a los estudiantes de Formación Profesional (FP) en centros públicos de especialidades sanitarias.
El acuerdo, con una vigencia de cuatro años, beneficia a estudiantes de ciclos de formación profesional de nivel básico, medio, superior y cursos de especialización en el ámbito sanitario.
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El anuncio fue realizado este lunes por el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, en una visita al instituto público San Juan de la Cruz, en Pozuelo de Alarcón, uno de los centros educativos de la Comunidad con oferta específica en formación sanitaria. Viciana calificó de "absolutamente necesarias" las prácticas para completar la formación y la obtención de los títulos correspondientes, y expresó satisfacción por el convenio alcanzado.
Coordinación y tutores para las prácticas
Según detalló el consejero, el acuerdo contempla un sistema de coordinación entre ambas instituciones. El Sermas comunicará a la Consejería de Educación las plazas disponibles para prácticas en cada especialidad sanitaria, y la Consejería se encargará de asignar a los estudiantes a las distintas plazas. “Se asigna un coordinador, tanto desde el Sermas como desde la Consejería, además de un tutor para cada alumno en prácticas, garantizando una supervisión continua y una formación práctica adecuada”, explicó Viciana.
Esta medida, destacó el consejero, busca consolidar una oferta de prácticas en el sector público que complemente la formación teórica y práctica de los estudiantes de FP, especialmente en un contexto de demanda creciente de profesionales en el ámbito sanitario.
Críticas del consejero a la cotización de las prácticas y la Ley de FP
Viciana también aprovechó la ocasión para expresar su descontento con el Gobierno central, señalando que dos medidas específicas afectan negativamente a la realización de prácticas en el sector. En primer lugar, criticó la normativa que establece la cotización a la Seguridad Social de las prácticas de Formación Profesional, en vigor desde el 1 de enero de este año. La Comunidad de Madrid, junto a otras autonomías, ha señalado que esta medida puede “ahuyentar a las empresas privadas y a las entidades que, de manera voluntaria, acogen a alumnos en prácticas”, lo que reduce las oportunidades para que los estudiantes desarrollen su formación en el sector privado.
A partir de 2025, las comunidades autónomas deberán asumir un coste anual estimado de 18 euros por alumno para cubrir esta cotización. Viciana argumentó que la medida no solo representa una carga económica, sino que además desincentiva la participación de empresas y centros privados, que juegan un papel esencial en la oferta de prácticas.
La segunda cuestión que mencionó el consejero fue la Ley de Formación Profesional, que introduce la obligatoriedad de realizar prácticas durante el primer curso. Según Viciana, esta normativa impone una presión adicional sobre las empresas que acogen a los estudiantes en prácticas, ya que estos podrían llegar a la fase práctica sin haber adquirido un nivel de conocimientos adecuado. "Esto supone más presión para las empresas y compromete la calidad de las prácticas, al recibir alumnos con menos preparación", afirmó.
El impacto de las prácticas en la formación sanitaria
El convenio entre la Consejería y el Sermas tiene especial relevancia en un contexto de creciente demanda de profesionales en el sistema sanitario público madrileño. La Comunidad de Madrid busca con esta colaboración fortalecer la formación de los estudiantes de FP en el sector de la salud, permitiéndoles acceder a una experiencia formativa en centros públicos que asegure un aprendizaje de calidad y el contacto con la práctica profesional real.
