Dávila denuncia la falta de coordinación del Gobierno en la ampliación de plazas para migrantes en la región
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha acusado al Gobierno central de crear 510 nuevas plazas en los centros de acogida temporal de Carabanchel y Alcalá de Henares sin "ningún tipo de coordinación" con el Ejecutivo autonómico ni con los ayuntamientos implicados. Dávila ha expresado su malestar este lunes, tras la inauguración de una jornada organizada por Cruz Roja sobre la soledad no deseada, afirmando que la única información recibida por parte del Gobierno ha sido el número de plazas, y ha señalado la falta de un plan claro para atender a las personas acogidas.
Según ha comunicado la Delegación del Gobierno en Madrid a través de un correo electrónico, el incremento de plazas se distribuye en 400 nuevas plazas en el centro de Carabanchel y 110 en el de Alcalá de Henares. Estos centros acogen principalmente a migrantes llegados desde Canarias, ante la saturación de las instalaciones en el archipiélago. Dávila ha expresado su preocupación por las condiciones en las que se encuentran estas personas, señalando que no se conoce el destino ni el plan de atención para los migrantes que llegan a estos centros, que albergan a entre 1.500 y 1.600 personas por instalación.
El descontento de Ana Dávila se suma a las críticas del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, quien ha enviado un correo electrónico al Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, para expresar su "indignación" y preocupación por la "saturación" de los centros de acogida, que suman más de 3.210 plazas según cálculos del Ejecutivo autonómico.
Los centros afectados son el Cuartel General Arteaga, en el barrio madrileño de Carabanchel, con capacidad inicial para 1.200 personas, y el acuartelamiento Primo de Rivera, en Alcalá de Henares, con capacidad para 1.100 migrantes. Estas instalaciones, cedidas por el Ministerio de Defensa, se han habilitado para acoger a los migrantes trasladados desde Canarias, donde el aumento de llegadas ha desbordado las capacidades previstas.
El consejero de Presidencia ha solicitado información detallada sobre el número total de plazas habilitadas en estos centros, así como en el de refugiados de Pozuelo de Alarcón y en otras instalaciones similares. Además, ha pedido datos sobre el número de personas que han pasado por estos centros desde su apertura y las acciones que el Gobierno central pretende implementar para frenar la crisis migratoria, especialmente a través de la ruta canaria y el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Miguel Ángel García Martín ha instado al Gobierno central a alcanzar acuerdos con los países de origen y con la Unión Europea para aplicar "medidas reales" que permitan un control más efectivo de la inmigración irregular. Desde la Comunidad de Madrid se reclama una mayor coordinación y transparencia para evitar que la gestión de la crisis recaiga exclusivamente en las administraciones locales y autonómicas, sin el apoyo adecuado del Ejecutivo central.
El conflicto entre el Gobierno central y las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular sobre la gestión de los migrantes no es nuevo. Desde finales de julio, los populares, junto a VOX y Junts, rechazaron en el Congreso una reforma de la Ley de Extranjería que buscaba repartir de forma obligatoria a los menores migrantes no acompañados desde territorios con una sobreocupación del 150%.
