Afectados por la okupación acusan a la Delegación del Gobierno de ocultar la gravedad del problema en Madrid

La Plataforma de Afectados por la Ocupación ha cuestionado este lunes las cifras ofrecidas por la Delegación del Gobierno en Madrid, que afirman que las okupaciones han caído a la mitad en 2024, pasando de 2.500 casos en 2023 a 1.300 este año. Para los afectados, estos datos no reflejan la realidad de miles de propietarios, vecinos y familias atrapadas en un sistema ineficaz que sigue sin dar soluciones al problema.

Según la plataforma, la okupación no es solo una cuestión estadística, sino una realidad que afecta a comunidades enteras, con la proliferación de mafias organizadas y un aumento de los inquiokupas, aquellos que acceden a las viviendas con contratos de alquiler y luego dejan de pagar, aprovechándose de la lentitud de la justicia.

Justicia lenta y okupas dentro

Uno de los principales problemas que denuncian los afectados es la lentitud del sistema judicial. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el tiempo medio para dictar una sentencia de desahucio es de 24 meses, un periodo que puede alargarse hasta seis años si los okupas alegan situación de vulnerabilidad, beneficiándose de las prórrogas decretadas por el Gobierno.

Este bloqueo judicial ha provocado que muchos afectados ni siquiera denuncien, recurriendo en su lugar a empresas de desokupación y otras vías extrajudiciales más rápidas. Según la plataforma, esta es una de las razones por las que las denuncias han disminuido, y no porque el problema esté controlado.

Auge de los inquiokupas y las mafias

Otro aspecto que no reflejan las cifras oficiales, según los afectados, es el crecimiento de los inquiokupas, una práctica cada vez más habitual en España. Estos individuos firman un contrato de alquiler, pero dejan de pagar y aprovechan las trabas legales para permanecer indefinidamente en la vivienda, imposibilitando a los propietarios recuperar su propiedad.

Además, denuncian la existencia de mafias organizadas que controlan bloques enteros de viviendas. Como ejemplo, citan la macrookupación de Carabanchel, donde más de 220 vecinos legales conviven con okupas que han tomado el edificio.

Datos oficiales desfasados

La Plataforma de Afectados considera que los datos ofrecidos por la Delegación del Gobierno no reflejan la realidad completa. Señalan que, si la justicia tarda dos años en resolver un caso de okupación, los datos anuales de la Delegación solo recogen las denuncias más recientes, pero no contabilizan los miles de casos aún pendientes de resolución.

Además, recuerdan que el delegado del Gobierno ha mantenido reuniones con vecinos afectados en zonas como Carabanchel, el Embalse del Vellón y Torrejón, cuyos casos no aparecen en los informes oficiales.

“Estamos cansados de ser invisibilizados”

Los afectados denuncian que las autoridades siguen sin ofrecer soluciones reales, mientras el problema de la okupación se agrava. Critican que se sigan utilizando cifras parciales para minimizar el problema y reclaman un análisis social serio, que tenga en cuenta el sufrimiento de miles de propietarios y vecinos.

Exigen medidas efectivas para acabar con la okupación y la inquiokupación, así como una mayor agilidad en los procesos judiciales para proteger a los propietarios frente a los abusos del sistema.