El Defensor del Pueblo destaca preocupaciones sobre ZBE, viviendas turísticas y Cercanías en Madrid
El Informe Anual del Defensor del Pueblo, presentado recientemente en el Congreso de los Diputados y el Senado, destaca las zonas de bajas emisiones (ZBE), las viviendas turísticas y el servicio de Cercanías como los principales motivos de queja en la Comunidad de Madrid.
Ángel Gabilondo, defensor del pueblo, entregó un documento anexo que detalla las acciones realizadas durante el año 2024.
Durante el año pasado, la institución continuó abordando el retraso en la implementación de las ZBE, emitiendo recomendaciones a los ayuntamientos de Aranjuez, Arganda del Rey, Majadahonda, Tres Cantos y Valdemoro para su aplicación. A mediados de febrero de este año, Arganda del Rey y Valdemoro aún no habían iniciado los trámites correspondientes.
En el ámbito del servicio de Cercanías, el informe señala que las quejas se centran en los aumentos de los tiempos de espera y la saturación de trenes y andenes. Los núcleos de Cercanías de Madrid y Barcelona, que juntos atienden a casi un millón de viajeros diarios, han acumulado la mayoría de las quejas.
Renfe ha proporcionado datos sobre Cercanías Madrid, indicando que de las 271.050 circulaciones programadas hasta el 31 de agosto de 2024, 4.402 fueron canceladas, lo que representa un 1,62% del total. En cuanto a la puntualidad, el mes de febrero registró la cifra más baja (93,90%), mientras que junio alcanzó el mejor dato (98,34%).
La institución confía en que la finalización de procesos en curso, como la renovación de la estación de Chamartín en Madrid, "pueda poner fin a las insuficiencias y disfunciones" que han afectado a los usuarios de los servicios de cercanías, recuperando así los índices de puntualidad y calidad que la ciudadanía merece.
Problemas con las viviendas turísticas ilegales
En relación con las viviendas de uso turístico, el informe indica que muchas operan sin las autorizaciones requeridas y que las administraciones competentes enfrentan retrasos en las inspecciones y en la adopción de medidas para detener la actividad ilegal. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 informó este lunes que ha identificado más de 15.200 pisos turísticos ilegales en Madrid.
El Defensor del Pueblo ha recomendado a la Comunidad de Madrid, y esta ha aceptado, agilizar la tramitación de los procedimientos sancionadores para evitar la prescripción de las infracciones.
Retrasos en el bono alquiler joven
Otro tema destacado por el Defensor del Pueblo es el retraso en la entrega del bono alquiler joven, una ayuda económica destinada a menores de 35 años para facilitar el pago del alquiler. "El notable retraso" en la resolución de estas ayudas, que supera un año, ha llevado a formular recordatorios de deberes legales a las consejerías competentes, incluida la de Madrid, para que se dicten y notifiquen las concesiones de manera eficaz, económica y rápida.
El informe también aborda la falta de suministro eléctrico en la Cañada Real, en Madrid. El Defensor del Pueblo ha remitido un informe al Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa, que ha determinado que se están vulnerando hasta diez derechos consagrados en la Carta Social Europea por parte del Estado español desde hace más de cuatro años. Se considera que no se han cumplido las obligaciones de proteger y mejorar las condiciones de vida en la Cañada Real, especialmente para los habitantes más vulnerables.
Por ello, el Defensor del Pueblo insiste en sus recomendaciones a las autoridades para restablecer el suministro eléctrico hasta que se implementen las medidas necesarias para realojar a quienes estén en proceso de reubicación.
Cuestiones tributarias y educativas
En cuanto al Impuesto de Sucesiones, el Defensor del Pueblo ha recibido quejas sobre la información y asistencia tributaria proporcionada a los ciudadanos. La Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid ha limitado las citas destinadas exclusivamente a ciertas autoliquidaciones, excluyendo las del Impuesto de Sucesiones.
Finalmente, el informe menciona las gestiones realizadas con la Consejería de Educación para abordar la falta de creación de centros educativos que absorban el incremento de la población en edad escolar en algunas áreas.
En 2024, se abrieron 8.045 expedientes en la Comunidad de Madrid. Las áreas con mayor número de quejas fueron la administración de Justicia (1.003), Asilo (696), Empleo y Seguridad Social (654) y Educación (554). A nivel nacional, el Defensor del Pueblo recibió un total de 34.402 quejas de los ciudadanos.
