Jueces y fiscales exigen respeto a la independencia judicial tras las críticas de Montero por la sentencia de Alves
Todas las asociaciones judiciales y fiscales han firmado este lunes un comunicado conjunto en el que exigen respeto a la independencia del Poder Judicial tras las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, quien calificó como “una vergüenza” la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que absolvía a Dani Alves del delito de agresión sexual, por el que fue condenado en primera instancia.
En el texto, las asociaciones recuerdan que la independencia judicial “es un pilar fundamental del Estado de Derecho” y que las resoluciones se dictan tras un análisis “exhaustivo de las pruebas presentadas y conforme a la legislación vigente”. Por ello, piden a las instituciones y a los representantes públicos que eviten declaraciones que puedan “socavar la confianza en nuestro sistema judicial”.
El comunicado hace un llamamiento explícito a la responsabilidad institucional, instando a que los representantes políticos ejerzan la “máxima prudencia” al referirse a decisiones judiciales. Aunque reconocen que la crítica es legítima en una democracia, advierten de que estas deben ser “fundadas y contextualizadas”, ya que de lo contrario “pueden erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y poner en peligro el Estado de Derecho”.
Las asociaciones recuerdan que los jueces están obligados a fallar conforme a la ley y las pruebas, y subrayan que la deslegitimación de sus resoluciones por parte de cargos del Ejecutivo representa una intromisión inaceptable en la separación de poderes.
Asimismo, el documento insiste en la relevancia de la presunción de inocencia como “derecho fundamental recogido en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por España”. Recalcan que cuestionar este principio “puede poner en riesgo las garantías procesales y la equidad en los juicios”.
Al mismo tiempo, expresan su compromiso con la protección y el respeto hacia las víctimas de delitos, especialmente en casos de violencia contra la mujer, subrayando que sus testimonios deben ser tratados con “seriedad y sensibilidad”, sin menoscabar los derechos fundamentales de los acusados. “La justicia solo es posible cuando se logra un equilibrio entre la protección de la víctima y las garantías del proceso”, indican.
El comunicado ha sido suscrito por las siete principales asociaciones del ámbito judicial y fiscal: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Con esta acción, el conjunto del poder judicial ha querido enviar un mensaje de unidad institucional ante lo que consideran una injerencia política en el ámbito jurisdiccional. “Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los principios constitucionales, la protección de los derechos de las víctimas y la garantía de un proceso judicial justo e imparcial”, concluye el texto.
