Zaplana condenado a más de diez años de prisión por el caso Erial
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado al exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, a una pena de diez años y cinco meses de prisión por su implicación en el caso Erial. Este proceso judicial se ha centrado en el cobro de comisiones ilegales vinculadas a las concesiones de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) y el plan eólico en la Comunidad Valenciana.
La Sala ha encontrado a Zaplana culpable de los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales, imponiéndole además 17 años y 10 meses de inhabilitación para empleo y cargo público, así como una multa superior a los 25 millones de euros. También se le ha inhabilitado durante tres años para el ejercicio de su profesión, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Bienes intervenidos y absolución de algunos delitos
A pesar de la condena, el tribunal ha absuelto a Zaplana del delito de pertenencia a grupo criminal. No obstante, ha decretado el comiso de diversos bienes y cuantías que fueron intervenidos durante la instrucción del caso, como parte de la estrategia para recuperar el dinero obtenido ilícitamente.
La sentencia también afecta a otros seis acusados, quienes han recibido penas que varían entre un año y tres meses, y hasta siete años y medio de prisión. Entre los condenados se encuentran los empresarios Vicente y José Cotino, Francisco Pérez López; el abogado y asesor fiscal Francisco Grau; el exjefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García; y Joaquín Barceló, un amigo cercano del expresidente que actuó como su testaferro.
Ocho absueltos, entre ellos el expresidente José Luis Olivas
Por otro lado, ocho de los acusados han sido absueltos. En algunos casos, la Fiscalía retiró la acusación, y en otros, el tribunal no encontró pruebas suficientes para condenarlos. Entre los absueltos figura José Luis Olivas, también expresidente de la Generalitat Valenciana.
La sentencia, que abarca 364 páginas, aún no es definitiva. Las partes tienen la opción de recurrirla ante el Tribunal Supremo mediante un recurso de casación, lo que podría prolongar el proceso judicial durante algún tiempo.
