El Gobierno regional presenta una nueva Ley ómnibus sobre urbanismo, ordenación de territorio, energía y medio ambiente
La Comunidad de Madrid ha aprobado el Proyecto de Ley de medidas para el desarrollo equilibrado del medio ambiente y la ordenación del territorio, una ley "ómnibus" destinada a enfrentar el crecimiento económico y demográfico previsto para la región, manteniendo la protección de sus recursos naturales.
Esta iniciativa, promovida por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, abarca diez modificaciones legislativas orientadas a actualizar, racionalizar y simplificar la normativa medioambiental, territorial y urbanística, según informó el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.
El nuevo texto, remitido a la Asamblea, pretende entrar en vigor a finales de este año y busca mejorar la oferta de vivienda, avanzar en descarbonización, digitalización, y garantizar el relevo generacional en el sector agrario. Asimismo, pretende combatir la despoblación rural y asegurar la prestación de servicios públicos relacionados con el ciclo del agua.
Aceleración del desarrollo urbanístico y de la oferta de vivienda
Uno de los puntos destacados de la ley es la agilización de los trámites para nuevas edificaciones. Ahora se podrá solicitar la licencia desde la fase de reparcelación, lo que reducirá en un año los plazos para la construcción de viviendas. Esta medida favorecerá el desarrollo de grandes proyectos como Madrid Nuevo Norte y permitirá que los municipios puedan avanzar en el planeamiento urbanístico mientras se implementa la reforma integral de la Ley del Suelo.
Impulso al sector agrario y medidas contra la despoblación rural
El proyecto también contempla beneficios para los agricultores y ganaderos de la región. Se reducirá la burocracia urbanística y se modernizarán los sistemas de regadío, permitiendo un ahorro de agua y aumentando la rentabilidad de las explotaciones. Además, facilitará la comercialización directa de productos agroalimentarios en el propio lugar de producción y permitirá más usos en suelo rural.
La normativa también declara de interés regional las obras hidráulicas de regadío, facilitando la modernización de estas infraestructuras y la instalación de invernaderos sin necesidad de calificación urbanística. Se busca así fomentar la eficiencia en el uso de recursos hídricos y contribuir a la revitalización rural, apoyando el desarrollo económico y frenando la despoblación.
Facilidades para la infraestructura de datos y telecomunicaciones
La ley también introduce simplificaciones en la instalación de centros de datos y telecomunicaciones, eliminando los Planes Especiales de Infraestructuras, lo que reducirá el tiempo de tramitación en hasta dos años. La medida pretende atraer la instalación de Centros de Procesamiento de Datos en Suelo Urbanizable No Sectorizado mediante Proyectos de Actuación Especial.
Estándares ambientales y obras hidráulicas
Con el fin de preservar el medio ambiente, el Gobierno regional permitirá la evaluación ambiental de proyectos de manera simultánea, extendiendo su vigencia hasta cinco años, y, si es necesario, por otros 30 meses. Además, se agilizarán los procedimientos para obras hídricas del Canal de Isabel II, con el objetivo de mejorar las infraestructuras de alcantarillado y protección frente a inundaciones en 59 municipios, una medida enmarcada en el Plan Sanea, que contará con una inversión de 500 millones de euros.
Finalmente, la Comunidad de Madrid también adaptará su normativa para alinearla con la Ley estatal de protección de los derechos y el bienestar animal, asegurando coherencia y seguridad jurídica.
