La Asamblea de Madrid aprueba restringir móviles y pantallas para menores con medidas pioneras en España
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La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves, con los votos favorables de PP y VOX y el rechazo de PSOE y Más Madrid, el dictamen de la Comisión de Estudio sobre el uso de la tecnología en la infancia y adolescencia, que incluye la prohibición de vender teléfonos móviles a menores de 16 años y el veto al uso de estos dispositivos en centros educativos, incluidos patios y comedores.
El dictamen, que recoge 25 propuestas agrupadas en cuatro ámbitos —tecnológico, educativo, social y sanitario—, fue respaldado por la mayoría absoluta del Partido Popular, a pesar de las quejas de la izquierda, que acusó a los partidos de derecha de modificar a última hora el texto que había contado con consenso durante los trabajos de la comisión.
En el ámbito tecnológico, la medida más destacada es la prohibición de la venta de teléfonos móviles inteligentes a menores de 16 años, una propuesta que, según defendió el diputado del PP Rafael Núñez, ya se estudia en el Parlamento Británico.
También se plantean restricciones a las aplicaciones según la edad, un registro de verificación de edad para abrir perfiles en redes sociales y obligar a que el empaquetado de los móviles advierta sobre los riesgos de su uso abusivo.
Asimismo, el dictamen aboga por eliminar técnicas adictivas como el 'scroll' infinito o la reproducción automática de contenidos y reforzar la transparencia de los algoritmos que influyen en lo que ven los menores en internet.
En el ámbito educativo, el documento impulsa el veto a los móviles en colegios e institutos para los menores de 16 años, extendiéndose la prohibición a patios y comedores escolares. Además, se recomienda la instalación de taquillas para que los teléfonos permanezcan apagados durante toda la jornada escolar.
El plan contempla también sensibilizar sobre los riesgos del consumo de pornografía entre los menores y la creación del sello “Centro educativo libre de pantallas”, para que las familias conozcan la política tecnológica del centro antes de matricular a sus hijos.
En concienciación social, el dictamen propone investigaciones periódicas sobre el impacto del entorno digital en los menores e incluir en Telemadrid contenidos que promuevan el buen uso de las pantallas.
En materia sanitaria, se alerta sobre los problemas visuales derivados del uso intensivo de dispositivos, se recomienda mantener una distancia de más de 30 centímetros ante las pantallas y se aboga por limitar el tiempo de exposición diario.
La Comisión de Estudio se creó en febrero por iniciativa del PSOE, y aunque el desarrollo de los trabajos contó con la participación de 18 expertos y hubo acuerdo en muchas cuestiones, el consenso se rompió en la redacción final del dictamen.
La diputada socialista Mar Espinar denunció que PP y Vox excluyeron en el último momento referencias a la educación afectivo-sexual y a los delitos de odio en redes sociales, cuestiones rechazadas por Vox. Espinar, junto a Emilia Sánchez-Pantoja, de Más Madrid, acusó a la derecha de romper el acuerdo y de imponer su dictamen con el rodillo de la mayoría absoluta.
Además, la izquierda criticó que el dictamen del PP fue registrado fuera de plazo, a las 10:19 horas del martes cuando el límite era las 10:00, lo que motivó una modificación de última hora en el orden de la comisión para admitir la propuesta 'popular'. Desde el PP, el diputado Rafael Núñez negó irregularidades y defendió la legalidad del procedimiento.
Desde el PP, Núñez destacó que la prioridad es proteger la salud y el bienestar de los menores, subrayando la preocupación de los expertos por el aumento de casos de miopía y otros trastornos visuales derivados del abuso de pantallas.
Por su parte, María Belén González, de Vox, celebró el refuerzo del papel de las familias y de los docentes, al considerar que las medidas aprobadas dotarán a padres y profesores de herramientas eficaces para educar y proteger a los menores.
Tanto PSOE como Más Madrid coincidieron en que la prohibición total es excesiva y apostaron por una regulación que permita el uso progresivo y controlado de la tecnología. La diputada de Más Madrid, Emilia Sánchez-Pantoja, advirtió que "no se puede meter a los adolescentes en una caja hasta los 16 años", y reclamó acompañarles en su aprendizaje tecnológico.
Por su parte, la socialista Isabel Cadórniga reprochó que la derecha solo atiende a los expertos que "dicen lo que quieren oír", criticando la exclusión de la educación afectivo-sexual como parte esencial en la formación digital de los menores.
El dictamen aprobado no tiene carácter legislativo, pero marca la línea que el Gobierno regional podría seguir en futuras regulaciones sobre el uso de móviles y pantallas en menores.
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