Ayuso recurrirá el reparto de menores migrantes: "La política de Sánchez es un lastre"
la Presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que llevará ante los tribunales y también ante las instituciones de la Unión Europea el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y facilitar así el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas.
Ayuso ha calificado este pacto como “lamentable” y ha acusado al Ejecutivo central de fomentar una “inmigración irregular masiva” que, a su juicio, supone “un lastre para España, para Europa y para los mismos inmigrantes, en manos de mafias”.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la presidenta madrileña ha criticado que comunidades como Madrid, Cataluña o Canarias se vean abocadas a gestionar la llegada de menores sin que se haya producido una coordinación leal entre administraciones. En concreto, ha denunciado que, según cifras ofrecidas por Junts, Madrid debería asumir 700 menores mientras que Cataluña acogería entre 20 y 30. “Se usa a estos menores como arma política. Lo pagan ellos y cada ciudad donde son enviados de manera desalmada”, ha señalado.
En la misma línea, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha criticado que el Gobierno haya alcanzado este acuerdo al margen del resto de comunidades autónomas y ha lamentado que la información no se compartiera siquiera durante la reciente reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia. “Antes de hablar de financiación, habrá que hablar de cómo es posible que un Gobierno llegue a un acuerdo con un partido independentista al margen de las autonomías”, ha subrayado.
García Martín ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de estar “echado al monte” y dispuesto a cualquier cesión para mantener los apoyos de aquellos que, ha dicho, “quieren romper el modelo” de convivencia y organización territorial de España. Desde el Gobierno regional insisten en que la política migratoria debe abordarse con responsabilidad, desde el respeto a la legalidad, el control de fronteras y la cooperación institucional, no desde el reparto unilateral de cargas motivado por intereses partidistas.
