La FMM rechaza la condonación de la deuda a Cataluña y exige equidad territorial

La FMM rechaza la condonación de la deuda a Cataluña y exige equidad territorial

La Comisión de Hacienda y Financiación Local de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) ha aprobado por unanimidad una resolución en la que manifiesta su oposición frontal a la condonación de deuda acordada entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, al considerarla una medida “ad hoc” que beneficia de forma exclusiva a una comunidad autónoma en detrimento del resto. La resolución será elevada a la Junta de Gobierno de la FMM para su tramitación formal.

En el documento, los municipios madrileños advierten del “perjuicio” que supone esta decisión para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, a quienes se les impone —aseguran— un “agravio comparativo” por haber contribuido históricamente de forma solidaria a la financiación del conjunto del Estado sin haber recibido trato preferente ni ventajas fiscales similares. A juicio de la FMM, esta medida “rompe los principios de equidad y solidaridad que deben regir el modelo de financiación autonómica”.

Los representantes municipales alertan de que esta condonación podría reducir los ingresos generales del Estado y, por tanto, afectar negativamente a la financiación de los ayuntamientos. Una menor capacidad de inversión tendría consecuencias directas sobre los servicios públicos esenciales y las infraestructuras locales. Asimismo, se advierte de que se está sentando “un precedente peligroso” que podría incentivar futuras gestiones irresponsables por parte de otras comunidades autónomas, que podrían esperar rescates en lugar de mantener la disciplina fiscal.

En la resolución se solicita al Gobierno central la reconsideración inmediata de la condonación de deuda a Cataluña y se exige que cualquier modificación en el modelo de financiación se discuta en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, bajo criterios “de equidad y justicia territorial”. Los municipios madrileños reclaman un debate abierto y multilateral, que tenga en cuenta la realidad de todas las comunidades y no se decida en función de pactos políticos bilaterales.

La Comisión ha expresado su respaldo al Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso en su defensa de los intereses de los madrileños, y ha reafirmado su “firme oposición” a cualquier medida que, por motivos políticos, altere el equilibrio financiero entre comunidades y castigue a aquellas que han cumplido con la ley y mantenido el rigor fiscal. “No se puede premiar la mala gestión ni penalizar a los ciudadanos que han actuado con responsabilidad”, han concluido.

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