Dávila alerta de una sobreocupación del 132% en los centros madrileños para menores migrantes
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha trasladado al Ministerio de Juventud e Infancia que la Comunidad de Madrid atendió a 2.442 menores migrantes no acompañados durante el año 2024, alcanzando una sobreocupación del 132% en los recursos específicos del sistema de protección. Así lo ha confirmado este lunes ante los medios, precisando además que, solo en lo que va de 2025, ya han prestado atención a más de 950 menores en esta situación.
Dávila ha advertido de que los recursos disponibles en la red pública autonómica “están totalmente sobrepasados”, generando una presión creciente tanto sobre los centros como sobre los profesionales encargados de su atención. Esta situación se produce en el contexto del reparto acordado por el Gobierno central con sus socios parlamentarios, que pretende redistribuir a los más de 4.000 menores migrantes no acompañados actualmente localizados en Canarias y Ceuta.
La consejera ha reiterado su crítica a la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, poniendo el foco en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, donde, según ha denunciado, se registra “un exceso de llegadas irregulares” sin una política de control eficaz. Ha reclamado un plan estatal de atención integral a estos menores y una estrategia real de vigilancia fronteriza para evitar tragedias humanas en la ruta migratoria atlántica, calificada por Dávila como “la más peligrosa del mundo”.
“El Gobierno debe asumir su responsabilidad, frenar la improvisación y dejar de imponer a las comunidades autónomas decisiones que vulneran el principio de legalidad y de reparto justo”, ha remarcado, insistiendo en que el sistema madrileño ya ha sido ampliado al máximo posible.
Preguntada por posibles soluciones, la consejera ha explicado que el Centro de primera acogida de La Cantueña, en Fuenlabrada, es el único que cuenta con margen para una eventual ampliación. Actualmente dispone de 96 plazas, y su ampliación está siendo estudiada por los servicios técnicos. “El resto de centros ya han experimentado todas las ampliaciones necesarias, lo que nos ha llevado a este nivel crítico de ocupación”, ha afirmado.
Asimismo, ha confirmado que se están valorando posibles ubicaciones alternativas ante la eventual imposición del reparto que el Gobierno central quiere aplicar. Dávila ha tachado este plan de “ilegal” y ha señalado que su departamento no descarta ninguna opción para garantizar la atención, siempre que se respete la autonomía de la Comunidad de Madrid y se garantice la seguridad jurídica.
El Ministerio deberá ahora calcular cuántos menores migrantes le corresponde acoger a cada comunidad autónoma, en función de variables como población, riqueza o la diferencia entre las plazas existentes y el número teórico que cada región debería tener, fijado por el propio Gobierno en una plaza por cada 2.250 habitantes.
