Ayuso denuncia los “aranceles de Sánchez” para pagar la "cuota independentista" y defiende el modelo madrileño

la Presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este jueves al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aplicar una política fiscal dañina para financiar sus acuerdos con el independentismo. Durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid, Ayuso ha arremetido contra lo que ha calificado como “aranceles del señor Sánchez”, y ha asegurado que se han subido “96 veces desde que está en el Gobierno” con el fin de “pagar la cuota independentista”.
Ayuso ha reprochado al Ejecutivo central su intervencionismo económico y ha reivindicado que su Gobierno autonómico no actúa como lo hace el PSOE en los consejos de administración de las grandes empresas. "Nosotros no intervenimos en los consejos ni decapitamos a sus presidentes al amanecer", ha ironizado, subrayando que en Madrid no existen impuestos propios y que la región cuenta con "la mejor burocracia posible".
En su intervención, la presidenta ha destacado el crecimiento de la inversión extranjera en la Comunidad de Madrid, que ha aumentado un 49% desde 2019. Según los datos que ha aportado, en la región operan actualmente más de 15.000 empresas de capital extranjero procedentes de un centenar de países, generando en total 1,4 millones de puestos de trabajo. Ayuso ha puesto en valor que Madrid atrae el 72% de la inversión exterior en España, una cifra que atribuye a la estabilidad institucional y al marco fiscal favorable de su Ejecutivo.
La presidenta también ha hecho referencia al reciente reconocimiento del diario británico Financial Times, que ha situado a la Comunidad de Madrid como la tercera mejor región europea en capital humano y estilo de vida, y una de las más atractivas para el mercado inmobiliario por su solvencia y dinamismo. Frente a este modelo, Ayuso ha acusado al Gobierno central de aplicar políticas que perjudican deliberadamente a Madrid y a otras regiones como Andalucía. Ha señalado como ejemplos la eliminación de las llamadas 'Golden Visa' y otras medidas que, a su juicio, buscan castigar el patrimonio y ahuyentar la inversión.