Sanz acusa a Sánchez de usar menores migrantes como moneda de cambio con Junts
La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha denunciado este martes lo que considera un “trato de agravio” a la capital tras conocerse el posible reparto de 700 menores migrantes a la región, en virtud del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el partido independentista Junts para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería.
Según datos facilitados por la formación catalana, a Cataluña le corresponderían entre 20 y 30 menores, mientras que a Madrid llegarían hasta 700.
Desde el distrito de Vallecas, Sanz ha calificado esta distribución como un “absoluto escándalo” y ha acusado al Ejecutivo central de tratar a los menores migrantes como “moneda de cambio” para mantener el apoyo parlamentario de sus socios separatistas. La dirigente popular ha lamentado que este tipo de pactos, lejos de buscar soluciones reales a la inmigración irregular, fomentan su incremento al enviar el mensaje de que España carece de una política migratoria seria y coherente.
La portavoz del gobierno municipal ha advertido de que, de confirmarse la cifra, la Comunidad de Madrid utilizará todos los medios legales a su alcance para impedir lo que considera un nuevo privilegio a los socios del Gobierno frente al perjuicio de los madrileños. “No se puede seguir abusando de Madrid mientras se favorece a los que chantajean al Estado”, ha remarcado.
Inma Sanz ha señalado además la creciente presión que ya soporta la ciudad, recordando la situación del Aeropuerto de Barajas, donde continúan llegando migrantes cada semana, así como el uso del antiguo cuartel de Carabanchel como centro de acogida. “Son muchas las vías por las que el Gobierno de España está trayendo personas inmigrantes a nuestra ciudad y lo que decimos es que no es serio”, ha insistido.
A su juicio, la gestión del Gobierno socialista en materia migratoria carece de planificación y sensibilidad, tratando a personas vulnerables como “mercancías de reparto”. Ha exigido un enfoque riguroso y transparente que permita conocer cuántos migrantes se reciben, en qué condiciones llegan y qué necesidades presentan, sin utilizar su destino como contrapartida política.
