El principio del fin de la inseguridad en la Cañada

La falta de seguridad en la Cañada Real Galiana se ha convertido en un enquistado problema sin visos de resolución durante las últimas cuatro décadas. Este miércoles en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, se ha procedido a la firma de un protocolo de seguridad para este enclave madrileño que toca a la capital de España, además de los municipios de Coslada y Rivas Vaciamadrid, este último ausente de dicha rúbrica en el último momento.

La Cañada Real Galiana tiene una extensión de 107 hectáreas. A pesar de que sin datos oficiales se hablaba de 40.000 vecinos, las cifras enviadas por los tres ayuntamientos en juego arrojan un censo muy inferior, 7.725 habitantes: 1.132 en Rivas, 927 en Coslada y 5.666 en la ciudad de Madrid. El número de construcciones se eleva a 2.455 (2.272 viviendas y 183 naves industriales, "algunas de gran actividad económica", según el ejecutivo regional.

Seis son los sectores en los que ha quedado dividida esta zona de la Comunidad de Madrid, noticia habitualmente por la delincuencia con foco en el último de estos sectores, el sexto. La Asamblea de Madrid aprobó en marzo de 2011 una ley específica para la Cañada Real, marcando un iter en el que la firma del protocolo de seguridad significa un espaldarazo definitivo en la normalización urbanística, social y de convivencia para los vecinos.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González; la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes; y los ediles de Madrid y Coslada, Ana Botella y Raúl López han rubricado un protocolo que, según Cifuentes "será operativo de manera inmediata".

Mesa de Coordinación y Comisión de Seguridad

El protocolo de seguridad establece las prioridades de la zona para que las Administraciones actúen en el marco de sus competencias  y recoge  la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las entidades locales así como con los órganos jurisdiccionales competentes y los servicios sociales de la zona.

Asimismo,  recoge la creación de una Mesa de Coordinación y una Comisión de Seguridad conjunta que se reunirá cada mes para determinar  las actuaciones a desarrollar más inmediatas en el plan de trabajo. Será la Delegación de Gobierno la encargada de convocar dicha Comisión de Seguridad.

El protocolo incluye un Plan de Intervención que se divide en tres fases: una primera de diagnóstico en la que se elaborará un mapa común de localización de delincuencia con su correspondiente análisis  y la detección de sus posibles efectos a corto, medio y largo plazo; una segunda fase de preparación de propuestas que trabajará desde un punto de vista  territorial y funcional; y por último, una tercera  fase para el diseño de  operaciones que incluye el diseño de la estrategia de intervención policial, la  detección de amenazas como consecuencia de esa intervención así como evaluación de las estrategias y operaciones desarrolladas.

La Policía Municipal patrullará las 24 horas

La Policía Municipal de Madrid va a centrar sus actuaciones en la Cañada Real Galiana en la prevención y en asegurar la convivencia vecinal. Un acuerdo que, en palabras de Ana Botella, "es una muestra indiscutible del compromiso de todas las Administraciones con la Cañada Real", cuyo objetivo es mejorar la seguridad en la zona.

Los agentes municipales realizarán un patrullaje preventivo las 24 horas del día y controles de alta visibilidad, que tendrán un carácter disuasorio. La pretensión, subrayó la alcaldesa, es evitar nuevos asentamientos o acciones delictivas como la quema de vehículos.

Incompatible con el Madrid del siglo XXI

"Con la firma de este Protocolo, las administraciones públicas damos un paso más en el proceso que nos va a permitir poner fin a una situación en muchos casos incompatible con el Madrid del Siglo XXI y con una sociedad equilibrada y solidaria", destacó Cristina Cifuentes.

La delegada del Gobierno en Madrid, que ensalzó la labor de la Policía Nacional y la Guardia Civil los últimos años en la Cañada Real, recordó algunos datos que evidencian el problema de seguridad del denominado Sector VI: 16 grandes operaciones contra los clanes de la droga, más de 100 detenciones y 52 "búnkeres" derribados.

"Sin seguridad no hay libertad, pero además,  en la Cañada Real, y pese a las iniciativas que se tomen en el ámbito urbanístico y social, sin seguridad  tampoco habría posibilidades  de vivir con dignidad", aseveró Cifuentes.

Un problema que nadie ha querido afrontar

Tras la firma del protocolo, Ignacio González resaltó que "este sencillo acto supone un paso importantísimo para que, entre todos, solucionemos el problema de la Cañada Real, que lleva más de 50 años enquistado y que, hasta hace muy poco, nadie había querido afrontar".

El presidente de la Comunidad, que hace apenas una semana se reunió con los representantes de las asociaciones de vecinos de los seis sectores para presentarles el proyecto urbanístico -primer presidente en 50 años que lo hace- quiso dejar claro en el turno de preguntas de la rueda de prensa que "el gobierno de la Comunidad de Madrid no especula con el suelo", en referencia a las acusaciones del portavoz del PSM en la Asamblea de Madrid, Tomás Gómez.

"El precio se adaptará a los costes de construcción para que se facilita el acceso a la propiedad de la mayoría de los vecinos de la Cañada Real", recalcó Ignacio González.