Los vecinos de El Gallinero viven con miedo a los derribos

Viven sin agua corriente ni luz y con el miedo permanente a los derribos. Por eso, los vecinos de El Gallinero reclaman un plan para este asentamiento chabolista que les de "estabilidad" y "dignidad", igual que se ha hecho recientemente con el poblado de la Cañada Real, situado a pocos metros.

Florín Espán trabaja desde hace cuatro años como monitor en la ruta escolar que la Comunidad de Madrid proporciona a los niños de El Gallinero, el mismo tiempo que lleva viviendo en este poblado chabolista, ubicado en el distrito de Villa de Vallecas, a sólo 13 kilómetros de la Puerta del Sol.

Ahora, afronta con "miedo" y "preocupación" la posibilidad de que derriben nuevamente su casa, donde vive con su mujer y sus tres hijos, de 8, 10 y 12 años de edad, una situación que tuvo que afrontar hace pocos meses.

Volvió a poner su hogar en pie con la ayuda de voluntarios, pero asegura que lo que quiere es conseguir vivir "en un sitio mejor". "Da igual la zona".

Como él, los cerca de medio millar de vecinos de El Gallinero sueñan con conseguir una "estabilidad mínima" en sus vidas, sin tener que estar pendientes de los derribos de viviendas, según cuenta el sacerdote Javier Baeza, de la parroquia de San Carlos Borromeo, que acude de forma asidua al poblado como voluntario.

"El interés (del Ayuntamiento de Madrid) en limpiar un terreno que los propietarios no han reclamado es una muestra incisiva de la persecución a la que se somete a esta población", critica.

A comienzos de 2012, en El Gallinero vivían 89 familias compuestas por 428 personas, todas rumanas de etnia gitana, de las que 234 eran menores de 15 años, según datos del Gobierno municipal, la administración competente en esta zona.

Los tres grupos de la oposición del Ayuntamiento de Madrid han solicitado conceder una moratoria a los derribos hasta que se actúe en este asentamiento, pero desde el equipo de Gobierno insisten en que en octubre de 2012 ya se puso en marcha un Programa de Intervención Social.

Además, ha destacado que este año se han consignado 1,3 millones de euros para garantizar la atención social, integral e individualizada a las familias, a través de una encomienda de gestión al Instituto de Realojo e Integración Social de la Comunidad de Madrid (IRIS).

El sacerdote de San Carlos Borromeo reconoce que en los últimos años ha habido mejoras en las tasas de escolarización de los menores de El Gallinero y en la asistencia sanitaria, gracias al trabajo de las administraciones y de los voluntarios, pero lamenta el retroceso en las condiciones de habitabilidad.

"Las viviendas no tienen agua, el enganche eléctrico es ilegal, la infraestructura viaria no existe, no hay recogida continuada y organizada de residuos y las personas se duchan con barreños, como a la antigua usanza", relata.

Por su parte, la abogada de la parroquia, Patricia Fernández, ha criticado que no se haya incluido a El Gallinero en el acuerdo impulsado por la Comunidad de Madrid para regularizar la situación de miles de familias que habitan en la Cañada Real, a pocos metros del asentamiento chabolista, del que sólo le separa la M-50.

El consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, aclaró recientemente que este núcleo no pertenece a la Cañada, aunque explicó que a pesar de todo contemplan desarrollar allí una actuación específica del Plan Social previsto para el sector seis, el último de los que componen la antigua vía pecuaria.

La profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá de Henares Paz Núñez, experta en intervenciones en ciudad no planificadas, trabaja desde hace años con un grupo de estudiantes con la idea de ofrecer una alternativa de vida "digna" a los habitantes de El Gallinero.

"El objetivo no es simplemente que obtengan una vivienda, sino que estas personas se conviertan en ciudadanos con derechos y obligaciones y dejen atrás la marginalidad", señala.

Para ello, proponen que el Ayuntamiento de Madrid ceda un terreno público, a ser posible en una zona cercana como el PAU de Vallecas, en el que los propios vecinos de El Gallinero construyan sus propias viviendas con la ayuda de técnicos especializados.

Sin embargo, reprocha que el Gobierno municipal no haya tenido en cuenta estas ideas y, en su lugar, ofrezca a los vecinos regresar a Rumanía o pasar un tiempo limitado en un campamento integrado en el Proyecto de Intervención Sociocomunitaria con Familias Inmigrantes (APOI).