El Senado pide el cese del fiscal general Álvaro García Ortiz
El Senado ha aprobado una moción del Partido Popular (PP), con el apoyo de VOX y UPN, para solicitar al Gobierno el cese del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por supuesto incumplimiento de funciones. La propuesta no ha contado con el apoyo del PSOE ni de sus aliados habituales, que se han abstenido.
Esta moción llega tras la anulación por el Tribunal Supremo del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de la sala de Derechos Humanos, un día antes. Esta situación marca el segundo revés del Supremo a nombramientos promovidos durante el mandato de García Ortiz, quien también fue cuestionado por la anulación de la promoción de Delgado como fiscal de sala de lo Militar.
Durante el debate, María Asunción Mayo, senadora del PP, criticó la gestión de García Ortiz, mencionando su "servilismo descarado" hacia el Gobierno y su política de nombramientos favoreciendo a miembros de la Unión Progresista de Fiscales. Mayo enfatizó que estos errores deberían impulsar su dimisión o destitución por parte del Gobierno.
Vox, por su parte, argumentó la necesidad de destituir a García Ortiz por falta de imparcialidad y manejo partidista de la Fiscalía, destacando el trato preferente a Dolores Delgado y posibles injerencias en procesos electorales.
En defensa de García Ortiz, el PSOE, a través del senador José María Oleaga, resaltó la trayectoria del fiscal y lo defendió acusando al PP de atacar a la justicia cuando se ven presionados por casos de corrupción. Oleaga también defendió a Dolores Delgado, enlazando las críticas a su rol como ministra de Justicia durante la exhumación de Francisco Franco.
La sesión también contó con voces críticas hacia la politización de la justicia, como la de Carla Delgado de Más Madrid, quien criticó el enfoque del PP y su influencia en la no renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Representantes de partidos nacionalistas como el PNV y ERC expresaron su preocupación por la independencia de la Fiscalía, destacando que la controversia es reflejo de un problema estructural más amplio en la división de poderes en España.
