La capital compra 73.500 test de drogas para la Policía Municipal por 678.000 euros
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, presidida por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, ha dado luz verde a un contrato de suministro de test de drogas para la Policía Municipal, con un total de 73.500 unidades repartidas en dos tipos de pruebas.
La adquisición, que tendrá una duración de cinco años, supone una inversión plurianual de 678.000 euros, según ha informado la portavoz del Gobierno y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz.
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El contrato aprobado se divide en dos lotes, con el objetivo de dotar a los agentes de herramientas necesarias para realizar controles de drogas en el tráfico y otras intervenciones policiales. El primer lote incluye 25.000 test indiciarios, diseñados para detectar la presencia de drogas en la saliva. Estas pruebas permiten obtener una muestra rápida en un tiempo máximo de cinco segundos, sin requerir la colaboración activa del individuo sometido al test. Se prevé un suministro anual de 5.000 unidades, lo que asegura la disponibilidad continua durante los cinco años de vigencia del contrato.
El segundo lote contempla la adquisición de 12.500 test evidenciales, destinados a aquellos casos en los que la prueba indiciaria ha resultado positiva. Estas pruebas tienen valor probatorio y requieren un análisis más exhaustivo en laboratorios homologados. Se suministrarán 2.500 unidades al año, permitiendo a la Policía Municipal obtener resultados precisos y utilizables en procesos judiciales.
La portavoz Inma Sanz destacó que este contrato permitirá a la Policía Municipal desempeñar con mayor eficacia sus funciones como Policía Judicial, especialmente en el ámbito del tráfico. La implementación de estos test es fundamental para identificar conductores que circulan bajo los efectos de sustancias estupefacientes, contribuyendo así a aumentar la seguridad vial en la ciudad de Madrid.
Según los últimos datos disponibles, la Policía Municipal realizó en 2023 un total de 2.472 pruebas de drogas, lo que representa un incremento del 67% respecto al año anterior. Esta tendencia al alza refleja la intensificación de los controles y la mayor disponibilidad de recursos para llevar a cabo estas pruebas, gracias a inversiones como la aprobada por la Junta de Gobierno.
