Inma Sanz defiende la actuación municipal tras el cierre de 538 pisos turísticos ilegales en Madrid
La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha informado este jueves de que 538 viviendas de uso turístico ilegales han dejado de operar en la capital gracias a las actuaciones del Consistorio. En respuesta a las acusaciones vertidas por el Ministerio de Derechos Sociales y por los grupos de la izquierda, ha defendido que el Ayuntamiento dispone de una información “buena y fiable” y ha instado al Gobierno central a “no mirar a otro lado” ante el crecimiento desordenado de este fenómeno.
El Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy ha identificado más de 15.200 pisos turísticos ilegales en Madrid y ha pedido al alcalde José Luis Martínez-Almeida que exija a las plataformas digitales la retirada de los anuncios de alojamientos que incumplen la normativa. En paralelo, desde el PSOE se ha reclamado una convocatoria urgente del Consejo Rector de la Agencia de Actividades para abordar de forma extraordinaria nuevas medidas de control.
Sanz ha calificado de “campaña orquestada” la actuación conjunta del Ministerio y del PSOE, y ha recordado que el último Consejo Asesor ya se celebró recientemente en febrero. “Sorprende que quienes no cerraron ni un solo piso turístico ilegal cuando gobernaban, ahora nos exijan rendición de cuentas”, ha declarado, en alusión directa a la actual portavoz socialista en el Consistorio, Reyes Maroto, a quien reprocha su pasividad cuando ejercía como ministra de Turismo.
La portavoz municipal ha puesto en valor las nuevas sanciones impuestas, que alcanzan hasta los 60.000 euros, y que ya han tenido efectos tangibles, como el cese de actividad de más de 500 viviendas ilegales. Sanz ha insistido en que el Consistorio está actuando con firmeza, con una planificación establecida y mecanismos legales en marcha para abordar el problema dentro del marco de sus competencias.
Desde Más Madrid, su portavoz, Rita Maestre, ha anunciado el envío de un requerimiento al alcalde para que aplique de forma inmediata el artículo 23 de la ordenanza de Consumo. Ante esta iniciativa, Sanz ha respondido que el principal grupo de la oposición “descubre ahora lo que no aplicó durante sus cuatro años en el Gobierno”, ni desde el área de consumo ni desde urbanismo.
La vicealcaldesa ha subrayado que el Ayuntamiento cumplirá con sus funciones, pero ha advertido que el Gobierno de España también debe hacer lo propio. “No puede echar balones fuera ni ponerse de perfil. Tiene competencias claras respecto a las plataformas, y debe ejercerlas”, ha sentenciado. Frente a las críticas, el equipo de Almeida reafirma su compromiso con el control de la actividad ilegal y la defensa del equilibrio vecinal en los barrios afectados por el turismo desordenado.
