La Comunidad de Madrid alerta del impacto negativo de la reforma fiscal del Gobierno
La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha criticado este viernes la reforma fiscal impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, alertando de que supondrá la "expulsión de inversiones" en España. Según la consejera, las medidas fiscales, que incluyen impuestos a la banca y un tributo mínimo global del 15% para multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros, tendrán un impacto negativo estimado en 80.000 millones de euros, afectando principalmente a los sectores bancario y energético.
Albert destacó que la política fiscal del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso contrasta con la del Gobierno central, y afirmó que mientras Madrid busca atraer talento e inversiones, las medidas del Gobierno nacional representan un "hachazo fiscal" que desalienta la creación de empleo y riqueza.
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En este contexto, la Presidenta del Gobierno regional se encuentra en Corea del Sur, donde lleva a cabo una agenda de cinco días orientada a captar inversiones. Entre sus actividades, visitará sedes de multinacionales como Hyundai, LG y Samsung y mantendrá reuniones con inversores organizadas por Invest in Madrid, la agencia regional dedicada a atraer proyectos e inversiones estratégicas para la región.
Albert subrayó que estas acciones reflejan una política de apertura económica, mientras que la reforma fiscal nacional podría ahuyentar talento y capital del país.
Además de las repercusiones para las empresas, la consejera advirtió que estas medidas fiscales podrían trasladarse al consumidor final. "No nos olvidemos que muchas veces los impuestos sobre la banca o la energía acaban repercutiendo en el consumidor, que es quien termina pagando más impuestos", declaró Albert.
Por otro lado, recordó que la Comunidad de Madrid mantiene su compromiso de baja fiscalidad como un pilar para fomentar el crecimiento económico y garantizar un entorno favorable para las inversiones.
El nuevo marco fiscal, que incluye impuestos específicos para sectores estratégicos como la banca y la energía, ha generado un amplio debate sobre su efectividad y posibles consecuencias. Mientras el Gobierno central defiende estas medidas como necesarias para aumentar la recaudación y cumplir compromisos internacionales, desde Madrid se plantea que pueden frenar la competitividad del país y perjudicar a los consumidores y empresas.
