La Comunidad unificará las ZBE y reducirá emisiones con la primera Ley de Movilidad
La Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para la elaboración de su primera Ley de Movilidad, una normativa que buscará unificar los criterios de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y fomentar el uso del transporte público. Este miércoles, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, anunció que el proyecto se someterá a consulta pública para incorporar las aportaciones de ciudadanos y organizaciones del sector.
Una norma adaptada a los retos actuales
El Consejo de Gobierno ha autorizado el inicio del proceso legislativo para esta norma, cuyo objetivo principal es armonizar la regulación actual en un ámbito "en constante evolución" y ofrecer soluciones que equilibren sostenibilidad, competitividad y accesibilidad. En particular, la ley propondrá un modelo unificado para la implantación de ZBE en los municipios, con criterios que consideren el impacto ambiental de los vehículos según su ratio de emisiones por pasajero, lo que también beneficiará a pequeñas empresas y autónomos.
La normativa pretende ser fruto de un amplio consenso social y parlamentario, para lo cual se abrirá un periodo de consulta pública de 20 días desde su publicación en el Portal de Transparencia. Durante la fase de redacción, se organizarán mesas sectoriales para debatir y perfeccionar las propuestas.
Fomento del transporte público y movilidad accesible
Entre las medidas destacadas de la futura Ley, se encuentra el impulso del uso del transporte público, como Metro y autobuses urbanos e interurbanos, fomentando una movilidad sostenible y segura. A su vez, el Gobierno regional subraya que no se estigmatizará el uso del vehículo privado, integrándolo en un enfoque más amplio que respete todas las modalidades de transporte.
El texto también pondrá énfasis en mejorar la accesibilidad en zonas rurales y menos conectadas, con soluciones específicas para garantizar el acceso a medios de transporte eficientes. Esto busca reducir las desigualdades en movilidad y garantizar que toda la población tenga opciones viables para sus desplazamientos.
La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras será responsable de recoger las sugerencias de los ciudadanos y agentes implicados durante el periodo de consulta pública. Posteriormente, estas aportaciones se integrarán en el texto legislativo, que continuará su proceso de redacción y debate con el objetivo de alcanzar un consenso amplio.
