La carrera del 'destape' en la Asamblea de Madrid

La Asamblea de Madrid ha publicado por vez primera en su más de treinta años las nóminas de sus 129 diputados, pero el "destape" no es suficiente para los grupos de la cámara, que mantienen un curioso pulso en el lanzamiento de iniciativas para mejorar la transparencia de la política madrileña.

Algunas de ellas responden a viejas polémicas que retornan cíclicamente a la casa de todos los madrileños, otras sí suponen novedades y no pocas son, en realidad, dardos envenenados encaminados a dejar al aire las vergüenzas del adversario.

Aunque el acuerdo lo apoyaron todos los partidos, UPyD se apuntó el pasado viernes 20 el tanto de haber permitido que los madrileños sepan que el sueldo base de un diputado de la Asamblea es de 3.500 brutos, que el presidente suma un complemento de 2.124 euros brutos y que los portavoces de grupo se apuntan unos 1.825.

UPyD, que ya había publicado los sueldos propios, perseguía este objetivo desde su llegada a la cámara, en la primavera de 2011, cuando un responsable del grupo no recibió más que un papel a mano y sin carácter oficial al preguntar a un trabajador de los servicios de la cámara algo tan simple como cuánto iba a cobrar cada mes.

Solo unos días después de este 'striptease' de los sueldos -que tardó meses en consumarse debido a que era necesaria la autorización previa de cada uno de los diputados-, ahora están en el punto de mira de los partidos los datos sobre a qué dedican la asignación de la cámara -PP-, las declaraciones de bienes y actividades -PSM- o el acceso libre a los documentos del Registro de la Asamblea -UPyD-.

El PP pide, en un reciente escrito a la Mesa, que la Asamblea haga factible publicar las cuentas específicas de cada partido -con CIF, cuenta bancaria y número de la Seguridad Social propios- para que los ciudadanos puedan conocer a qué dedica cada uno de ellos la asignación que le presta la cámara.

Su portavoz, Iñigo Henríquez de Luna, recupera así un viejo reto que ya formuló en junio del año pasado, cuando instó a los grupos a poner sus cuentas a disposición de la cámara, que asigna 490.000 euros fijos para cada grupo y 17.800 euros más por cada diputado.

Aunque no lo dice, el PP apunta con esta iniciativa a su sospecha de que algún partido de la oposición no diferencia sus cuentas de grupo de las de la formación, en lo que los populares entienden como una posible financiación ilícita.

En réplica a esta iniciativa, UPyD extiende a todas las contabilidades no prescritas anteriores a 2012 su petición a la Mesa de la Asamblea y recuerda que ya publicó en su web propia estos datos.

El PSM también dirige a la línea de flotación del PP sus medidas para la transparencia y propondrá en el pleno de la Asamblea de la próxima semana la publicación de las declaraciones de "actividades, bienes e intereses" de los diputados, una iniciativa que el PP registró hace medio año y luego paró porque entendía que confluía con la tramitación en el Congreso de la Ley de Transparencia.

Por "transparencia", también pide el PSM endurecer las incompatibilidades de dos a cuatro años para evitar los "escándalos continuos" de "puertas giratorias" -responsables políticos que pasan a la dirección de empresas, y viceversa-, así como impedir la acumulación de cargos.

A este respecto, los socialistas, que presentaron una batería de 56 medidas de transparencia el pasado año, abogan por que únicamente el presidente y los miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid puedan tener acta de diputado, lo que a día de hoy supondría quitar el apelativo de 'señoría' a siete viceconsejeros regionales.

Estas son las iniciativas en marcha, mientras que otras peticiones ya han caído en saco roto.

Hace dos semanas, la Mesa de la Asamblea rechazó la petición de UPyD para que el Registro General de la Asamblea de Madrid sea accesible a ciudadanos y medios de comunicación, de manera que los escritos y propuestas puedan ser consultados y ganar así en transparencia en el funcionamiento de la Cámara.

Este grupo también quiere que la cámara retransmita a través de internet las sesiones de todas las comisiones parlamentarias y no solo las del pleno, tres veces al mes.