Viciana defiende la educación en Madrid y responsabiliza a Sánchez del malestar en el sector

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha asegurado este lunes que la manifestación en defensa de la Educación Pública celebrada ayer en la capital tenía como verdadero objetivo protestar contra el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sus políticas educativas y la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que ha calificado como “la peor ley que podía haber”.

"Las movilizaciones de ayer nos demostraron que se estaban produciendo quizá un poco tarde. Se tenían que haber puesto en marcha antes porque realmente los manifestantes creo que se estaban manifestando contra las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez", ha declarado Viciana ante los periodistas tras inaugurar la IV edición de la Cumbre de Innovación de CEIM.

El consejero ha señalado que la LOSU impone a las universidades "obligaciones adicionales" que suponen un coste superior a los 1.500 millones de euros, una carga que ahora deben asumir las comunidades autónomas. "Desde la Comunidad de Madrid somos los primeros que nos oponemos a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez", ha añadido.

Críticas a la reforma de la Formación Profesional

Viciana también ha denunciado el "ataque directo" que, a su juicio, ha sufrido la Formación Profesional con la imposición de la cotización obligatoria para los alumnos en prácticas, una medida que, según ha afirmado, está provocando que muchas empresas rechacen acoger a estudiantes.

Por otro lado, ha recordado que el Ejecutivo regional mantiene una negociación con los sindicatos para mejorar las condiciones laborales del profesorado. "Tenemos una propuesta muy ambiciosa sobre la mesa que estamos esperando a que acepten, y que implicaría que el curso que viene todos los profesores de secundaria ya estarían a 19 horas lectivas", ha reivindicado.

La manifestación de este domingo, que reunió a estudiantes, docentes, familias y sindicatos, congregó a unas 25.000 personas, según la Delegación del Gobierno. Los organizadores denunciaron lo que consideran un proceso de "recortes y privatización" de la enseñanza, así como una "derivación excesiva de fondos" hacia la educación privada.