El alcalde de Las Rozas recurre la fianza de 9,2 millones de euros por presunta prevaricación

El alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, ha anunciado este mioércoles que ha recurrido una fianza que le ha sido impuesta por un importe de 9,2 millones de euros por un posible delito de prevaricación cuando era alcalde Guadarrama.

A través de un comunicado en sus perfiles de Twitter y Facebook, Fernández ha calificado de "medida descabellada" la fianza fijada en su contra, al tiempo que ha mostrado su convencimiento de que actuó "correctamente" y "salvaguardando los intereses y el patrimonio" de Guadarrama y sus habitantes.

En un auto, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, Sara Rodríguez Huertas, impone al actual alcalde de Las Rozas una fianza de 9.220.041 euros por un supuesto delito de prevaricación.

En su comunicado, Fernández asegura que "se trata de un tema puramente administrativo relacionado con un contrato de permuta de parcelas" y que "no tiene nada que ver" con su gestión al frente del Ayuntamiento de Las Rozas.

Según el regidor, en 2006, la Sociedad Municipal de la Vivienda de Guadarrama firmó un contrato de permuta de parcelas con el Grupo Canta, dedicado a la venta de materiales de construcción, en el que se establecían unas obligaciones para ambas partes, "todas ellas supeditadas a una cláusula suspensiva aceptada libremente por los firmantes y que, como su nombre indica, caso de no cumplirse, anulaba el mencionado contrato: la aprobación del Plan General de Urbanismo de Guadarrama por parte de la Comunidad de Madrid".

Fernández añade que, en 2009, y en vista de que el Plan General todavía no se había aprobado su sucesora en el Ayuntamiento de Guadarrama decidió invocar esa cláusula y anular el contrato, "una anulación que no supuso ningún perjuicio económico para ninguna de las partes, por cuanto lo previsto en el contrato nunca se llevó a efecto".

"Ante esta decisión, el Grupo Canta decidió acudir a los tribunales para reclamar una compensación económica", agrega el alcalde.

Después de señalar que en dos ocasiones los tribunales ya han denegado esta compensación económica, insiste en que el contrato que se firmó en 2006 "está perfectamente ajustado a derecho".

Tras conocer estas manifestaciones, los herederos del propietario del Grupo Canta, Luis Álvarez García, ya fallecido, sus hijos, Carlos y Yolanda, han emitido un comunicado en el que apuntan que "es falso" que no se cometieran irregularidades y que solo quieren que "se haga Justicia" y que se les dé lo que les corresponde.

En la misma nota, el abogado de los herederos de Álvarez García, José María Garzón, indica que "la familia fue desahuciada de las dos parcelas que había recibido" en un polígono industrial en las afueras de Guadarrama por la permuta original de los terrenos del centro de la localidad.

"No se les compensó por el dinero que habían invertido (250.642 euros) en acondicionar esas dos parcelas. No les devolvieron los terrenos del centro del pueblo ni les compensaron por ello. Y no les indemnizaron tampoco por la explotación del local comercial contemplado en el futuro desarrollo urbanístico de los terrenos del centro del pueblo", afirma el letrado.