El Gobierno de San Fernando promueve movilizaciones por obras en L-7 de Metro

El Gobierno de San Fernando promueve movilizaciones por obras en L-7 de Metro

El Gobierno de San Fernando de Henares ha acordado con los vecinos afectados por las obras en la línea 7 de Metro el inicio de movilizaciones desde hoy para exigir a la Comunidad más información sobre los trabajos, que mantendrán cerrado ese tramo durante al menos dos meses.

La alcaldesa, Catalina Rodríguez, de la formación San Fernando de Henares Sí Puede (SFHSP), ha informado de la convocatoria de las protestas al consejero de Transportes, Pedro Rollán, tras no haber obtenido respuesta en las últimas semanas a la solicitud por trasladada a su departamento, ha asegurado hoy la regidora en una rueda de prensa.

"Lo que hemos pedido hoy al consejero es que necesitamos la información geotécnica de los terrenos en la fecha en que empezaron las obras del metro 2005 y también la información geotécnica de cuando empezaron a aparecer los problemas de grietas en viviendas en 2009", ha explicado.

El temor del Gobierno local es que la tercera de las actuaciones de la Comunidad de Madrid en este tramo del suburbano, desde que la infraestructura fue inaugurada en 2007, no sea una solución definitiva a los problemas detectados en la cimentación del terreno de los túneles.

La alcaldesa ha señalado que, tras esperar desde agosto los informes técnicos solicitados, "lo mejor es ir a una acción ciudadana y exigir lo que haya que exigir y donde haya que exigirlo con la ciudadanía".

Las movilizaciones arrancarán hoy con una concentración a las seis de la tarde en las obras del Metro, en la calle Rafael Alberti, y continuarán el próximo lunes ante la Consejería de Transportes.

Entre las reivindicaciones, se incluirá la petición de que las obras se interrumpan por la noche debido a las molestias causadas a los vecinos.

Esta última reivindicación la han hecho suya los grupos municipales del PSOE e IU, pese a no coincidir con el Gobierno municipal en la gestión realizada para afrontar la crisis de las obras, que han obligado hasta ahora al desalojo de una guardería y un edificio municipal en la localidad.

En ese sentido, los socialistas han calificado de "insulto" que el Gobierno local involucre a los vecinos en las reivindicaciones, en lugar de cumplir con su papel y persistir en la exigencia de explicaciones a través de una vía institucional.

 

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