La Comunidad critica la aprobación de la ley que convalida penas a presos de ETA
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha manifestado su rechazo a la reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la ley.
Esta permite la convalidación de penas de cárcel a presos de ETA que cumplieron condena en otros países. La norma, que entrará en vigor en 20 días, ha sido calificada por García Martín como una "infame ley" que desprecia a las víctimas del terrorismo.
"Hoy tenemos publicada en el BOE una infame ley que supone un desprecio a las víctimas del terrorismo y una nueva burla a todos los españoles. Votos manchados de sangre", afirmó García Martín a través de sus redes sociales, denunciando duramente el contenido de la ley y sus implicaciones.
Contexto de la ley orgánica
La normativa en cuestión es la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, que regula el intercambio de información sobre antecedentes penales y la consideración de resoluciones judiciales en la Unión Europea, adaptándola a la normativa del Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECIS). Esta ley fue aprobada inicialmente por unanimidad en el Congreso, pero perdió el apoyo del Partido Popular (PP) y VOX en su última fase parlamentaria en el Senado, tras una denuncia de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que alertaba sobre el posible impacto en los presos de ETA.
El Senado rechazó la ley en su última votación, con la mayoría absoluta del PP y basándose en un informe de la Secretaría General que argumentaba que el rechazo debía interpretarse como un veto. Sin embargo, no se había presentado una enmienda de totalidad previa.
Aprobación final pese al rechazo del Senado
Al día siguiente de la votación en el Senado, la Mesa del Congreso, con la mayoría conformada por PSOE y Sumar, decidió seguir adelante con la aprobación de la ley, desestimando el rechazo del Senado. La decisión se tomó tras recibir un informe verbal de los letrados del Congreso, que consideraron que la votación de rechazo en el Senado había sido realizada fuera de los plazos establecidos.
El viernes pasado, la decisión se hizo oficial a través de la publicación en el Boletín de las Cortes Generales, que argumentaba que el rechazo no se ajustaba a lo dispuesto en la Constitución. Según el informe, la votación fuera de plazo "no puede considerarse un veto" bajo los términos del artículo 90.2 de la Constitución. Tras esta decisión, la Presidencia del Congreso, a cargo de Francina Armengol, trasladó el proyecto de ley al Gobierno para su firma por parte del Rey, lo que condujo a su publicación definitiva en el BOE el sábado.
Reacciones del PP y posibles acciones legales
El Partido Popular ha manifestado su profundo desacuerdo con la aprobación de la ley, calificándola de "desatino jurídico". Según su postura, la decisión "no se ajusta a Derecho" y vulnera la voluntad expresada por el Senado, además de afectar al derecho de participación política de los diputados. El rechazo a su recurso de reconsideración podría ser el preludio de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, según ha anunciado el grupo parlamentario del PP.
Este proceso ha generado gran polémica en el ámbito político, con fuertes críticas tanto desde la Comunidad de Madrid como desde el Partido Popular, que consideran que la ley supone un agravio para las víctimas del terrorismo y una manipulación de los procedimientos legislativos.
