El Plan Vive adjudica 137 viviendas en régimen de alquiler asequible en Torrejón
La Comunidad de Madrid ha procedido este lunes a la entrega de las llaves de 137 viviendas de alquiler a precio asequible, pertenecientes al Plan Vive, ubicadas en la calle Desmond Tutu de Torrejón de Ardoz.
Esta urbanización cuenta con 67 apartamentos de un dormitorio, 56 de dos habitaciones y 14 de tres, además de zonas comunes que incluyen piscina, área deportiva, espacio infantil, gimnasio, coworking, trasteros y un garaje con estaciones de recarga para vehículos eléctricos, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.
El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha visitado la promoción junto a los nuevos arrendatarios, quienes abonarán entre 550 y 927 euros mensuales, incluyendo gastos de comunidad e IBI, lo que representa un coste hasta un 40% inferior al del mercado.
La Administración madrileña se ha propuesto ofrecer 10.500 viviendas durante esta legislatura, de las cuales ya se han entregado cerca de 1.000. Específicamente, se han adjudicado 274 en Alcorcón, 156 en Getafe, 154 en Alcalá de Henares y 209 en Tres Cantos.
Para la edificación de estas viviendas, la Comunidad ha optado por la construcción industrializada, una técnica que permite reducir significativamente los tiempos de construcción, al mismo tiempo que garantiza altos estándares de sostenibilidad, habitabilidad y eficiencia energética, con sistemas de climatización basados en aerotermia que integran calefacción y refrigeración.
"Ya estamos construyendo 8.500 y vamos a sacar una nueva licitación de 2.000 viviendas más. Si seguimos generando suelo, que es lo que estamos haciendo con nuestras políticas de urbanismo, seguiremos construyendo más inmuebles. De momento, vamos a ir a por esas 10.500", ha afirmado el consejero.
Para acceder a una vivienda del Plan Vive, el solicitante debe destinarla a su residencia habitual y no poseer ninguna otra propiedad en el territorio nacional. Además, se otorga prioridad a aquellos empadronados en el municipio donde se encuentran las viviendas y a quienes trabajen en la localidad desde hace al menos tres años.
Un aspecto relevante es el límite de gasto, ya que no se puede destinar más del 35% de los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia al pago de la renta total anual.
